
Empieza este septiembre el nuevo curso político y sindical en una coyuntura muy difícil. Estamos en medio de una pandemia -cuya solución sanitaria todavía no tenemos- que está teniendo consecuencias económicas, productivas y sociales extremadamente graves. Y ello, en un entorno político cortoplacista, donde se está pensando más en los intereses partidistas que en negociar para buscar entre todos soluciones que puedan rebajar, aunque sea un poco, la complicadísima situación que vivimos.
Los agentes sindicales y empresariales hemos hecho nuestro trabajo, que ha sido firmar una concertación con más de 180 medidas y un presupuesto aproximado de 640 millones de euros, y también es verdad que el Gobierno de la nación y el regional han puesto en marcha, desde el primer momento, muchas ayudas a empresas y autónomos, así como medidas para garantizar la protección a los trabajadores y a las personas en general. Esto supone un cambio drástico en relación a cómo se afrontó la crisis del año 2008, donde fueron los trabajadores y los colectivos más desfavorecidos quienes pagaron la crisis con sus salarios y con sus empleos.
Pero no es menos cierto que la efectividad de las ayudas económicas depende de si llegan cuando se necesitan. Y, por desgracia, se tardó más de tres y cuatro meses en cobrar las prestaciones derivadas de los ERTES, de la misma manera que la mayor parte de los beneficiarios no ha cobrado el Ingreso Mínimo Vital y tampoco se están pagando las prestaciones a las empleadas de hogar.
Por esto es fundamental reducir y agilizar los trámites con más contratación de personal en la Administración pública, para que las ayudas lleguen ahora: hay mucha gente en una situación límite. Va a ser imprescindible prorrogar el acuerdo de los ERTES hasta que la situación del Covid-19 se normalice mediante una solución sanitaria, dado que son el instrumento más valioso que tenemos para garantizar el empleo. Pero lo tenemos que hacer sin que los beneficiarios pasen a cobrar solo el 50% de la base reguladora.
En Asturias, esta pandemia está haciendo mucho daño en ámbitos como el hostelero y el turístico, pero también está afectando a otros sectores, como el industrial, que ya estaban en crisis y a los que el covid-19 ha puesto en situación muy delicada. Necesitamos un Plan Estratégico por la Industria que recoja las singularidades que tenemos en Asturias y haga que nuestras empresas sean competitivas, posibilitando un desarrollo industrial amplio y una transición justa que no deje a nadie atrás. Para ello va a haber fondos europeos y necesitamos tener proyectos sólidos y solventes que puedan acceder a esa financiación.
En este inicio de septiembre se produce la reanudación de la actividad en las empresas y centros escolares, lo que incrementa el riesgo de entrar en contacto con el virus. El derecho a la salud debe ser la prioridad en la vuelta a la actividad y en línea con ello, hay que recordar que las empresas tienen la obligación de garantizar la salud de los trabajadores y trabajadoras. Además deben establecer planes de contingencia y protocolos de actuación consensuados con los trabajadores frente al coronavirus y garantizar de forma específica la protección de los trabajadores especialmente sensibles. También va a ser necesario mantener la protección social y abordar cuestiones pendientes como las relacionadas con la Ley del teletrabajo, o las carencias de la educación a distancia en nuestro país, y que cuanto antes sea una realidad el subsidio extraordinario para personas desempleadas sin prestación. Y, en la mesa nacional de diálogo social, es fundamental derogar de una dichosa vez la última reforma laboral del año 2012, que tanto daño ha hecho a los trabajadores y trabajadores.
En Asturias necesitamos que se terminen todas las obras de infraestructuras de comunicación, como la Variante de Pajares, la autopista del mar o el Tercer carril de la “Y”, y que el área metropolitana sea una realidad. Solo así podremos hacer una Asturias atractiva para ser receptores de nuevos inversores y nuevas empresas que se instalen aquí y alejar las amenazas de deslocalización de nuestras empresas.
Necesitamos también acabar con los asesinatos machistas de las mujeres. La figura de la Delegada de igualdad tiene que ser una realidad en nuestra región antes de noviembre, así como el Registro oficial de planes de igualdad. Tenemos que poner en marcha asimismo las medidas que garanticen que nadie muera por el simple hecho de ir a trabajar; porque cada vez se producen más muertes, y tenemos que asegurar el cumplimiento de la Ley de prevención de riesgos laborales, con más labores de vigilancia y control por parte de la Inspección de Trabajo.
En la Unión General de Trabajadores apostamos por acelerar la reconstrucción económica y social para lograr una recuperación digna, con garantías y con futuro, impulsando las políticas necesarias para ello. Por eso hay que aprovechar los Fondos Europeos para la reconstrucción para acometer las transformaciones pendientes, como el cambio hacia un modelo productivo social y ambientalmente justo que priorice los sectores con valor añadido que generan empleo de calidad y con derechos.
El Covid-19 ha puesto de manifiesto la importancia de nuestro el Estado de Bienestar y la necesidad de potenciar unos servicios públicos fuertes que proporcionen a los ciudadanos los servicios que necesitan, pero para ello precisamos un sistema impositivo que distribuya la riqueza que se genera en nuestro país.
Iniciamos por tanto este nuevo curso con muchos retos por delante y en un marco en el que el acuerdo a todos los niveles es una obligación de todos los interlocutores económicos, sociales y políticos, al que nadie puede dar la espalda. Porque necesitamos unos Presupuestos en este país que den cobijo y garantías a las ayudas económicas que van a venir de Europa; porque necesitamos Presupuestos en Asturias para el próximo año para hacer frente eficazmente a las consecuencias de esta pandemia y poner en marcha las medidas que acabamos de firmar en la concertación regional. La Unión General de Trabajadores estará siempre para construir, para buscar los consensos con todos y a todos los niveles, para que ninguna persona se quede atrás.