Este año no podemos celebrar el día internacional del las personas mayores, pues esta maldita pandemia del COVID-19 se ha llevado por delante a más de 380 personas mayores en Asturias y a más de 20.000 en España, y es que siempre que hay una crisis, causada por lo que sea, son nuestros mayores uno de los colectivos más perjudicados. No hace falta ir muy atrás, en la crisis del año 2008, fueron nuestros jubilados y pensionistas quienes, dentro de una política “austericida” en nuestro país, pagaron la salida de la misma con recortes en sus pensiones, aumentando los copagos sanitarios, reduciendo las partidas económicas para dependencia, y recortando nuestro sistema Público de Salud en recursos económicos, humanos, técnicos y logísticos, con lo que esto supone para el colectivo de personas mayores por ser mucho más vulnerables al estar más necesitados que nadie de los servicios sanitarios, por lo que la reducción de la cobertura en atención primaria, atención domiciliaria, el aumento de las listas de espera etc etc ha puesto en peligro su vida, cuando menos la calidad de la misma.
Con la crisis actual el coste en vidas humanas de nuestras personas mayores ha sido muy elevado, y todavía alguien se atreve a decir, que además los que no han muerto tienen que seguir pagándolo con sus pensiones, y para hacer afianzar estos argumentos hacemos confrontar a u nuestros jubilados y pensionistas con los jóvenes, o con la economía o con lo que sea, y mientras tanto nuestros mayores siguen aportando al 25% de los hogares el principal nivel de ingreso, siguen acogiendo a sus hijos que han perdido el trabajo otra vez en sus casas, o siguen cuidando a sus nietos, para que nosotros podamos trabajar, en una labor de valor incalculable, pues además de cuidarles, les enseñan, les educan, les dan cariño y les dan protección en unas edades vitales para su crecimiento y desarrollo.
Tenemos que volver a humanizar nuestra economía y nuestra sociedad y eso pasa por exigir que se ponga en marcha cuanto antes una Ley Integral de derechos de las personas mayores que contenga una protección específica a nuestros mayores en todos los ámbitos tanto de salud, vivienda, protección social, económica y jurídica, también en el ámbito de la cultura el ocio y siempre garantizando el ejercicio de los derechos de las personas mayores, la no discriminación por razón de edad, la igualdad de oportunidades y la atención prioritaria en situaciones de máxima vulnerabilidad. También esta ley debe garantizar que el envejecimiento activo sea una realidad con la participación de las personas mayores en la vida pública, tanto social como económica, política etc.
Pero esta ley solo tendrá sentido si toda la comunidad política, económica y social tenemos claro de la importancia de atender, proteger y presumir de nuestras personas mayores, y lo demostramos consensuando unos presupuestos generales del estado y de nuestra región que contenga las partidas económicas necesarias para proteger a este colectivo, a grito de nunca más recortes en nuestros sistemas públicos de pensiones, de salud pública, de dependencia, de protección social, eliminando de una vez el copago sanitario, la brecha salarial entre hombres y mujeres que luego lo acaba siendo también en las pensiones. Claro que para todo esto lo primero que debemos tener claro todos en este país es que el envejecimiento no es un problema, una rémora, una carga, o un mal divino, es simplemente un logro de toda una sociedad moderna que gracias a la investigación y a la innovación hemos conseguido alargar nuestra esperanza de algo tan valioso como es la vida.
Sindicato en acción 
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