EL COMERCIO

Estamos inmersos en un contexto altamente inflacionista, que nos retrotrae a unos niveles de precios de finales de la década de los 70. Unos aumentos de precios en la energía, en los carburantes y en los alimentos que para muchos hogares son inasumibles. Si bien las medidas puestas en marcha por el Gobierno para afrontar las consecuencias de la guerra de Ucrania van en la buena dirección, éstas se muestran insuficientes ante la gravedad de la situación.

Desde la UGT seguiremos luchando para conseguir un reparto equitativo y justo de las rentas, y no como está sucediendo ahora, donde las empresas para no ver reducidos sus márgenes de beneficio están trasladando los aumentos de los costes de las materias primas y de la energía a los precios finales.

Son las mismas empresas que se niegan a firmar un nuevo acuerdo que permita a las rentas salariales no continuar perdiendo poder adquisitivo. Son estas empresas también las que tradicionalmente venían defendiendo que los incrementos salariales eran los responsables del aumento de la inflación, algo que siempre hemos negado desde la UGT y que ahora a la vista de los datos se confirma que era un argumento rotundamente  falso y encaminado a apoyar sus habituales reticencias para aumentar los salarios. En el mes de marzo, los salarios en Asturias se han incrementado un 2,9%, mientras que ese mismo mes la inflación se ha disparado hasta el 9,8%, produciendo una pérdida de poder adquisitivo de los salarios de 7 puntos porcentuales.

Esta situación hace necesario reforzar los mecanismos de protección social especialmente entre los colectivos más vulnerables, a la vez que es imprescindible garantizar el poder adquisitivo de los salarios, para que no supongan un lastre al consumo.

La fuerte dependencia energética que sufría España era innegable, y con el estallido del conflicto en Ucrania se hizo más que evidente. Esta dependencia hace necesario emprender una reforma de calado de nuestro modelo energético que mejore su eficiencia y permita contar con un sistema de precios competitivos y que garantice el suministro. Este escenario tiene una doble vertiente para Asturias, por un lado constituye una debilidad, debido a que el elevado coste energético supone una clara desventaja competitiva para la región, dada la fuerte implantación de empresas electrointensivas, pero también debe verse como una oportunidad para convertir a Asturias en un referente del país en la producción de hidrógeno verde.

A lo largo del año seguiremos reivindicando la progresiva subida del SMI hasta alcanzar el 60% del salario medio en el año 2023. También trabajaremos  para acabar con la lacra de la siniestralidad laboral, así como reducir la brecha de género, la brecha digital… En definitiva combatir con cualquier tipo de desigualdad.

El contexto actual no permite, como están reclamando algunos grupos políticos, una bajada masiva de impuestos, dada la imperiosa necesidad de reforzar la protección social.

Quería finalizar mostrando la más rotunda condena a la guerra de Ucrania y trasladando la más sincera solidaridad por parte de la UGT con el pueblo ucraniano.

1º MAYO: EL EMPLEO COMO PRINCIPAL OBJETIVO

LA NUEVA ESPAÑA

Llegamos a este 1º de mayo en un momento muy delicado, tras dos años de pandemia y cuando la situación provocada por el virus parecía estar mejorando, diversos acontecimientos en el contexto internacional están provocando un aumento de la incertidumbre e inestabilidad. Me estoy refiriendo a la injusta invasión de Ucrania, desde la UGT condenamos enérgicamente esta guerra y mostramos toda nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano.

Comenzábamos este año 2022 con ilusión para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, gracias a la reforma laboral, destacando como una herramienta clave para luchar contra la precariedad laboral y la recuperación de los derechos perdidos. Los datos de contratación ya comienzan a mostrar los efectos positivos de esta reforma, así los contratos indefinidos han aumentado hasta suponer el 26% del total de contratos registrados en el mes de marzo, el doble del registrado en el mismo mes del año anterior.

La guerra ha supuesto un freno a la recuperación económica, provocando un aumento del precio de la energía y de las materias primas, y también una escasez de estas últimas que está generando paros en determinadas producciones. Preocupa el aumento en los costes energéticos en una región como Asturias, cuyo motor económico es la industria, que aporta el 17,2% al PIB asturiano (2,5 puntos más que en España). Y en concreto con una fuerte implantación de industria electrointensiva.

Los trabajadores y trabajadoras están sufriendo duramente la escalada de los precios, cuando sus salarios apenas crecen. En concreto en el mes de marzo los salarios arrojan una subida del 2,9%, muy alejada del aumento de los precios que en ese mismo mes se ha cerrado con un 9,8%, lo que supone una pérdida de poder adquisitivo de 7 puntos porcentuales. Situación que demuestra cómo los salarios no están siendo los responsables de la espiral inflacionista, no puede decirse lo mismo de las empresas que están trasladando el aumento de los costes de las materias primas a los precios para evitar caídas en sus márgenes de beneficios.

Es indecente la postura de la patronal que se niega a firmar un acuerdo que garantice el poder adquisitivo de los salarios a través de las cláusulas de revisión salarial.

Este empobrecimiento de los trabajadores y trabajadoras, se confirma en el último informe hecho público esta misma semana por FOESSA en el que se alerta de que la población asturiana en situación de exclusión severa ha crecido un 17%. Esta situación hace más necesarias que nunca medidas para garantizar el poder adquisitivo de los hogares, y en especial de los más vulnerables.

Las serias dificultades que están atravesando muchas familias y que se traduce en una cada vez mayor brecha social constituye un terreno abonado para el auge de la extrema derecha que pone en riesgo todos los avances que hemos conseguido en los últimos cuarenta años de democracia. La mejora de las condiciones de vida de las personas y la lucha contra las desigualdades sociales constituyen la mejor fórmula para combatir el populismo de la extrema derecha.

Quiero finalizar reiterando que desde la UGT no vamos a permitir salir de esta crisis devaluando salarios, generando más pobreza laboral y mayor desigualdad.

1º DE MAYO, DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, REINVINDICANDO UN NUEVO ORDEN MUNDIAL.

LA VOZ DE ASTURIAS

Afrontamos este 1º de mayo en un contexto complicado ensombrecido por una invasión injusta de Ucrania, que desde la UGT  condenamos enérgicamente y mostramos toda la solidaridad con el pueblo ucraniano.

La reforma laboral abría una puerta al optimismo para recuperar los derechos laborales perdidos con las anteriores reformas laborales y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Con escasos cuatro meses desde su puesta en marcha ya se aprecian los buenos resultados, de manera que en el mes de marzo los contratos indefinidos representan el 26% del total de contratos registrados, el doble de lo registrado en el mismo mes del año anterior.

Desde el verano del año 2021 venimos asistiendo a una escalada de los precios de la energía y de los productos de alimentación, hasta rozar la inflación en el mes de marzo casi el 10% (9,8%) y que nos sitúa en valores de finales de los años 70. Mientras que los salarios han registrado un crecimiento hasta ese mismo mes del 2,9%, lo que se traduce en una pérdida de poder adquisitivo de 7 puntos porcentuales. Esta devaluación salarial confirma que los salarios no son los responsables de la creciente inflación, por el contrario las empresas sí están aumentando los precios para compensar el incremento del precio de las materias primas y así no ver reducidos sus márgenes de beneficio.

Estas mismas empresas son las que se niegan a firmar un nuevo acuerdo que contribuya a garantizar que los salarios no continúen perdiendo poder adquisitivo gracias a las cláusulas de revisión salarial. Desde la UGT no escatimaremos esfuerzos hasta alcanzar un pacto de rentas que ayude a mitigar la escalada de los precios, incluso utilizando medidas que aumenten la situación de conflictividad.

Esta devaluación de las rentas salariales está haciendo aumentar la figura del “trabajador pobre”, a la vez que se amplían las desigualdades sociales. El último informe de FOESSA, conocido esta semana, alerta de que la población asturiana en situación de exclusión severa ha crecido un 17%. Cabe recordar que a finales del mes de marzo había en Asturias un total de 2.057 trabajadores en un ERTE. Esta situación exige de manera inmediata reforzar la protección social y mejorar los salarios.

Este aumento de la brecha social es un terreno muy fructífero para el auge de la extrema derecha que viene a poner en riesgo todos los derechos y avances que hemos conseguido durante la etapa democrática. Mejorar las condiciones de vida de las personas y combatir las desigualdades sociales son las herramientas claves para poner freno al populismo de la extrema derecha.

Desde la UGT no vamos a consentir que se intente salir de esta crisis a costa de devaluar salarios, generando más pobreza laboral y una mayor desigualdad social.

Contenido de mi intervención en la apertura de la XXI edición de la Escuela internacional Manuel Fernández López Lito de la UGT de Asturias (06082021)

La Escuela internacional Manuel Fernández López Lito de la UGT de Asturias se celebra cada año a primeros de septiembre y coincide con el inicio del nuevo curso político, económico y social. Es un espacio en el que abrimos el sindicato a la sociedad, organizado en colaboración con la Universidad de Oviedo, para tratar temas de actualidad que nos afectan directamente a los trabajadores y trabajadoras y a la ciudadanía en general.

Y ello, sin que en ningún caso pretendamos crear corrientes de opinión ni adoctrinar a nadie; ni convencer a los demás de lo que está bien y lo que está mal. Simplemente pretendemos que personalidades y expertos, por su formación, por su conocimiento o por su experiencia puedan aportarnos claves que nos permitan entender mejor lo que está pasando, los problemas a los que nos enfrentamos, para que luego cada uno podamos forjar nuestra propia opinión.

Este año tratamos sobre cómo recuperar lo social tras esta pandemia, que nos ha dejado casi 85.000 muertos en España (2050 en Asturias). Gracias a la vacunación y a la apuesta por la sanidad pública de los últimos Gobiernos de Asturias -con el apoyo de los sindicatos a través de la concertación- estamos volviendo a la normalidad y empezamos a crecer económicamente, a aumentar nuestro PIB. También desciende el paro y el número de trabajadores en ERTE.

Aún así, por desgracia, esta recuperación va acompañada de un aumento significativo de la tasa AROPE, que mide la pobreza. Es decir, ha crecido el numero trabajadores pobres, de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, el número de hogares que tienen dificultades para llegar a fin de mes, para afrontar gastos imprevistos, para coger vacaciones… Las personas más pobres han perdido 7 veces más renta que las ricas. La situación, además, viene acompañada del aumento inasumible del precio de bienes de primera necesidad como la electricidad, el combustible o los alquileres. Y se está disparando la inflación por encima del 3%, mientras los salarios no suben.

Por eso UGT viene insistiendo desde hace tiempo en la necesidad de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Porque es la mejor manera de combatir la pobreza y reducir las desigualdades salariales, sociales y de género; de incentivar el consumo, y lograr por tanto que el Estado recaude más vía impuestos y cotizaciones que sin ninguna duda repercutirán en tener más recursos económicos para nuestros sistemas sanitarios, educativo, de dependencia y público de pensiones; porque, sin ninguna duda, repercutirá en el crecimiento económico del país y en la generación de empleo; porque, en contra de lo que se está diciendo, no es una medida que no va a destruir empleo.

Además, es lógico pensar que si sube 25 euros el recibo de la luz este año a los hogares, esto es lo mínimo debería subir el SMI este año.

También insistimos en que acabar con la precariedad es derogar la reforma laboral, que supone temporalidad, parcialidad, desigualdad salarial, de género, empoderamiento de los empresarios, aumento de las muertes por accidente laboral, merma de salud laboral y cronificación del desempleo juvenil.

No somos un sindicato pesimista pero tampoco lo somos conformista. Ni permanecemos indiferentes ni nos ponemos de perfil ante los problemas que nos rodean y que afectan a personas y trabajadores, sino que los denunciamos con datos y hacemos propuestas para intentar resolverlos.

Por eso exigimos una solución para las personas de Afganistan, sobre todo para las mujeres afganas, y ponemos a disposición las instalaciones de nuestra escuela Julián Besteiro para acogerlas. Solución también para los inmigrantes ahogados en las aguas el Mediterráneo o del Atlántico huyendo de la miseria y de la guerra. Solución para la elevada  siniestralidad laboral, con más de 370 muertes en España en lo que va de año, 16 de las cuales se registraron en Asturias. Soluciones de la mano de un plan de choque contra el desempleo juvenil, con medidas de igualdad de género para mejorar la situación de las mujeres, doblemente perjudicadas en el paro.

Y, el  inicio de este nuevo curso político tiene que ser el de la  apuesta definitiva por la competitividad de nuestra actividad industrial, con precios de la electricidad competitivos, con la Variante de Pajares convertida en realidad, con el inicio de un plan de cercanías y la constitución del área metropolitana central de Asturias, con un aprovechamiento eficaz de los fondos europeos, de tal modo que sirvan para potenciar nuestra actividad, generar alternativas y mejorar la vida de la personas, generando empleo y vertebrado toda Asturias.

Por todo esto, necesitamos recuperar lo social tras la pandemia, y a partir de ahora ser capaces, en todas las políticas que vamos a negociaren la concertación, e poner en el centro de todas las políticas a las personas.

Porque, al final, éste no es un mundo de mercados, sistemas financieros o de empresas; este es un mundo de personas y lo demás son instrumentos al servicio del desarrollo de las personas. En línea con ello, lo único que pretendemos en la UGT, un sindicato con más de 133 años de historia, es que todos y todas puedan ver realizado su derecho a tener un salario digno, un empleo digno, un plan de vida y un proyecto de futuro.

Lo que está pasando en este país con el precio de la energía y la factura eléctrica es una vergüenza, por no decir un cachondeo. Cada vez que la ministra de Transición ecológica interviene, en vez de mejorar, las cosas empeoran.

Este nuevo modelo de factura eléctrica, que pretendía abaratar los precios de la electricidad, lo único que ha traído consigo es un aumento exagerado de lo que pagan las personas en sus hogares, batiendo récords históricos en las facturas de la luz, que las empresas paguen más por producir, que se ponga en peligro, entre otras cosas, el teletrabajo, y, sobre todo, ha generado mucha confusión: los ciudadanos no saben lo que pagan, cuánto y por qué. Lo que sí sabemos es que son los colectivos más vulnerables los grandes perjudicados.

Hace tiempo que desde la UGT venimos exigiendo un Pacto de Estado por la Energía, que conlleve precios más asequibles y competitivos.

Por esto, hace tiempo que desde la UGT venimos exigiendo la puesta en marcha en nuestro país de un Pacto de Estado por la Energía, que conlleve precios más asequibles y competitivos de la energía, similares a los de los países de nuestro entorno, y que son fundamentales para fortalecer nuestro tejido industrial y que nuestras empresas sean competitivas, especialmente todas aquellas altamente intensivas en consumo eléctrico; Que sirva para que la economía de nuestros hogares no se resienta, para no ser ciudadanos de segunda en la Unión Europea, y que no haya hogares que no puedan calentarse o llegar a fin de mes, a los cuales se les tiene que seguir garantizando la prohibición de los cortes de suministros como la luz, el agua o el gas, tal como se estableció durante el confinamiento. 

Necesitamos también que el Gobierno ejerza un control público de sectores estratégicos como es el caso del energético, a través de una empresa pública, que garantice la transparencia y el comportamiento ético de todas las empresas que operan en el mercado energético. Y sería muy conveniente para nuestros intereses que en la remodelación del Gobierno central que se está anunciando, se produzca un giro en las políticas que desde el Ministerio de Transición ecológica se están llevando a cabo y que están perjudicando seriamente a Asturias y a los asturianos y asturianas.

El sindicato afronta difíciles retos en la nueva etapa que se inicia tras el proceso de congresos

Apenas terminado el proceso de congresos en UGT, comenzamos la nueva etapa en una situación económica y social muy difícil; con muchas reformas pendientes por hacer por parte de los Gobiernos y, así, con un montón de importantes retos sindicales. 

En primer lugar, los ERTE, que son un instrumento fundamental para evitar el cierre de las empresas y, por tanto, para el mantenimiento del empleo; por eso lo coherente es renovarlos hasta que hayamos recuperado la normalidad funcional en la actividad.

El Gobierno, a través de su ministra de Trabajo, volvió anunciar en nuestro congreso confederal la derogación de la reforma laboral, sin darse cuenta de que no necesitamos anuncios, sino realidades. Esta derogación está en el programa de electoral y de gobierno y su retraso está perjudicando gravemente a muchos trabajadoras y trabajadores. Además, por desgracia, es el instrumento que va a utilizar la banca para intentar despedir próximamente a miles de personas.

De la misma manera que necesitamos subir ya el Salario Mínimo Interprofesional. El Gobierno mantiene el compromiso de situarlo al final de la legislatura en el 60% del salario medio, tal y como establece la Carta social europea. Pero si ahora no son capaces de subirlo ni un solo euro, no resulta creíble que en dos años que quedan de legislatura lo puedan incrementar 250 euros hasta llegar a los 1.200, que sería la cifra a alcanzar para cumplir el compromiso.

Además, necesitamos rescatar a las personas, porque la pobreza ha aumentado exponencialmente, tal y como se ve reflejado en las colas del hambre. Esto se hace complementando aquellos ERTE que no dan para vivir -muchos apenas llegan a los 400 euros-, y flexibilizando los requisitos para tener derecho al Ingreso Mínimo Vital, de manera que éste pueda llegar a más personas. Urge también un plan de choque para el empleo juvenil, así como medidas de fomento del empleo para las personas mayores de 45 años.

Tenemos también que apostar por nuestros servicios públicos, y esto no se hace con palmadas en la espalda, sino dotando de más recursos a nuestros sistemas educativo, sanitario y de dependencia. Además, es preciso acabar con la temporalidad en nuestra Administración. Y hay que rejuvenecer las plantillas y reducir las ratios en las aulas. Obtendremos más recursos para invertir en lo público con una reforma fiscal integral que acabe con la economía sumergida y se base en impuestos directos, para que pague más quien más tiene. 

En otro orden de asuntos, tenemos que parar la gran cantidad de muertes por accidente laboral. Nunca son justificables, pero menos ahora, con la reducción de la actividad que ha traído consigo la crisis sanitaria. Así, urge un Pacto de Estado contra la siniestralidad laboral y reformular el papel de los servicios de vigilancia de la salud. 

Llevamos, además, demasiadas muertes por violencia de género. Debemos acabar con la desigualdad, cuya evidencia es la brecha salarial, y para ello hay que exigir que se firmen los planes de igualdad como manda la ley; y que se publiquen los registros salariales de las empresas. También que el plan de corresponsabilidad firmado en la concertación regional sea una realidad. 

De igual modo, en el último año se han registrado demasiadas muertes de personas inmigrantes, por lo que seguiremos exigiendo, en España y en Europa, que en vez de dedicar tanto tiempo y esfuerzo en bloquear las fronteras, los recursos se dediquen a proteger los derechos humanos y a poner en marcha políticas de desarrollo en los países de origen y medidas de integración en todos los estados de la Unión Europea.

Asturias es industria y, si no, no será nada; por eso estamos en emergencia industrial y de movilizaciones para exigir un Plan industrial para nuestro país, que tiene que incluir un Pacto de Estado por la energía y un Plan especifico para Asturias que contemple su singularidad en materia energética y de industria electrointensiva. Todo ello dentro de una transición justa. Y, desde luego, la estrategia industrial de Asturias que se está elaborando actualmente tiene que bajar más al terreno, con medidas concretas, no quedarse en conceptos teóricos. 

En los próximos meses tenemos que afrontar la renovación de la concertación regional, que habrá de incidir más en medidas que protejan y rescaten a las personas y, por descontado, dar solución a aquellas acciones que están en la concertación actual y que no acaban de ponerse en marchas como son, entre otras, la formación profesional dual con contrato y las cláusulas sociolaborales. 

Los fondos europeos son una oportunidad para Asturias que hay que aprovechar, y UGT exige que todos los proyectos que tanto el Gobierno como las empresas presenten, respondan a la Asturias del futuro. Tienen que generar empleo, ser tractores de actividades, vertebradores del territorio y otorgar un papel importante a la microempresa para que no quede descolgada. Y, además, la Administración debe garantizar que el acceso de las empresas a los fondos para la transformación digital y la eficiencia energética no traiga consigo destrucción de empleo.

En definitiva, son muchos retos y deberes pendientes en tiempos difíciles, pero que también una oportunidad para hacer las cosas de otra manera, cambiando nuestro modelo productivo, llevando un control público de sectores estratégicos y poniendo en el centro de todas las políticas a las personas.

(Este artículo se publicó en el diario La Nueva España el Sábado, 29 de mayo).

En los últimos meses solo se habla de las personas mayores cuando nos referimos al COVID-19 y a la cantidad de gente mayor que está muriendo; la pandemia está siendo muy injusta con la generación que luchó para que en este país hubiese libertad, democracia y justicia social; personas que pasaron muchísimas penurias para que nosotros pudiésemos formarnos y tener una expectativa de vida.

O, también se habla de nuestros abuelos y abuelas cuando abordamos el problema de las pensiones, la mayoría exiguas. Pero poco se habla de vejez saludable, participativa, autónoma, es decir, de envejecimiento activo, algo que es fundamental potenciar en una sociedad como la española y la asturiana, donde cada vez tenemos más esperanza de vida, gracias a las mejoras de nuestros sistemas públicos de salud y educativo; también a las mejoras laborales y en general a la sociedad que fuimos construyendo a raíz de la llegada de la democracia. Ha cambiado la percepción que tenemos de nuestras personas mayores y la vejez ya no es sinónimo de dependencia.

Nuestros Gobiernos están obligados a dar una respuesta al nuevo perfil social que tienen nuestros mayores, no solo por una cuestión de justicia social, sino por interés, por todo lo que todavía pueden aportar.

Nuestros Gobiernos están obligados a dar una respuesta al nuevo perfil social que tienen nuestros mayores, no solo por una cuestión de justicia social, sino por interés, por todo lo que todavía pueden aportar. Para ello es preciso conocer las nuevas expectativas vitales de nuestras personas mayores para poner en marcha acciones que supongan nuevas oportunidades de desarrollo para este colectivo, y esto tiene que traducirse en políticas que deben suponer la consolidación de derechos, dar voz y favorecer la participación de las personas mayores, así como prevenir la dependencia y posibilitar que tengan una vida autónoma y, sobre todo, reducir el riesgo cada vez mayor de la soledad y el aislamiento debido a los nuevos modelos de familia. Se calcula que el 30,2% de los hogares en Asturias tienen a un hombre o a una mujer viviendo solos. De ellos la mitad son personas mayores de 65 años. Por eso se ha puesto en marcha en Asturias el Proyecto Senda, que pretende combatir la soledad no deseada.

Estas políticas que hay que desarrollar en Asturias vienen establecidas en la Estrategia de Envejecimiento Activo, que tiene en cuenta lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Ésta recomienda poner en marcha – tanto si se trata de personas mayores dependientes con necesidad de cuidados como si están en buen estado de salud y son independientes- políticas multisectoriales relacionadas con la actividad física, participación en el mercado laboral, compromiso significativo en la vida familiar, social, cultural, espiritual, el voluntariado… Se basa esta estrategia en los principios de las Naciones Unidas a favor de las personas mayores, como son el de independencia, que habla de autonomía personal; acceso derechos básicos, como la alimentación vivienda, ocio, cultura, atención a la salud etc.; el de autorrealización, que habla de fortalecer sus capacidades, de formarse de participar; el principio de  dignidad y cómo somos capaces todos de proyectar una imagen más positiva del hecho de envejecer; el principio de atención, es decir qué se necesita para envejecer mejor; y, sobre todo, el principio más importante según Naciones Unidas, que es el de participación, es decir el derecho que tienen que tener para influir y estar representados, y cómo aprovechar su conocimiento y experiencia.

Y siempre todos estos principios bajo el enfoque transversal de género y de igualdad de oportunidades. Y aunque Asturias ya tiene la distinción de la Unión Europea de sitio de referencia en políticas de envejecimiento activo, por el carácter integral e innovador de las que se han puesta en marcha, debemos ser mucho más proactivos en construir para nuestras personas mayores una sociedad más accesible, inclusiva, amigable, más cohesionada, plural y participativa, donde pongamos en valor y dignifiquemos la enorme función social que hacen dando soporte a sus hijos, protegiendo, cuidando y acompañando a sus nietos en esa etapa tan importante de crecimiento en valores.

Ahora que acabamos de presentar el Programa Integral de Digitalización del Comercio de Asturias 2021-2023 -el primero que se hace en nuestro país en un marco de concertación social- conviene poner en valor la importancia de este sector, que puede y debe ser una oportunidad para Asturias para generar crecimiento económico y empleo, tanto a través de las grandes empresas y multinacionales como de la apuesta por el pequeño comercio de proximidad. Estamos hablando de un sector que en nuestra comunidad autónoma cuenta con 12.000 establecimientos y 62.000 trabajadores y trabajadoras, de los cuales solo el 18% son autónomos. Representa el 12% de nuestro Producto Interior Bruto.

El comercio es uno de los sectores más castigados por la crisis del COVID-19, sobre todo determinados subsectores, y debemos protegerlo con ayudas directas, que vayan dirigidas, no solo a pymes y micropymes y autónomos, sino también a los trabajadores, para garantizar que cuando termine el estado de alarma, y con ello los ERTES COVID, exista una transición a la nueva normalidad en la que se evite el riesgo de cierre y la consiguiente situación de desempleo que supondría para muchísimos trabajadores.

Si algo ya nos constaba antes de esta crisis sanitaria -y la pandemia lo ha dejado más claro todavía, impulsando el comercio electrónico y cambiando la forma de relacionarse con los clientes- es la necesidad que tiene nuestro comercio de evolucionar con la sociedad y adaptarse a los nuevos cambios, acometiendo una transformación digital que lo haga competitivo en un mercado globalizado y de grandes canales de venta on-line. Esto va a suponer todo un reto para los comercios que van a tener que alternar la gestión tradicional con nuevas técnicas de marketing y comercio electrónico.

Y quien más necesita esta transformación digital es el comercio minorista de proximidad, que es quien tiene más carencias en este sentido. La digitalización le tiene que permitir potenciar sus ventajas intrínsecas: es más sostenible y es un dinamizador social. El comercio de proximidad potencia las relaciones sociales y vecinales y es, por tanto, instrumento de vertebración de pueblos y ciudades; Los comercios de proximidad tributan donde están ubicados y potencian las marcas locales de productos.

La transformación digital va mucho más allá de la venta on-line. Tiene que suponer para los negocios una mayor rentabilidad, entre otras cosas reduciendo los costes de producción y venta; tiene también que reducir la alta dependencia de condiciones externas; tiene que fidelizar clientes; tiene que traer consigo un crecimiento del negocio sostenible y no artificioso. Y todo ello bajo la premisa de que la digitalización es un proceso que debe revisarse, actualizarse y adaptarse de manera continua en función de la evolución del mercado y de la actividad, en un contexto en el que las reglas cambian rápidamente, lo que requiere estar continuamente reinventándose.

Y para hacer todo esto, el comercio asturiano necesita ayudas económicas, asesoramiento, orientación y, sobre todo, mucha formación. Necesita que se le acompañe a través de propuestas innovadoras en la búsqueda de ideas y soluciones personalizadas y adaptadas a la actividad y sector concreto al que pertenezca, ofreciéndoles una respuesta integral a sus necesidades y, sobre todo, que todo esto se haga coordinadamente entre el Gobierno y los agentes económicos y sociales.

Y precisamente esto es lo que es el Programa Integral de Digitalización del Comercio de Asturias 2021-2023 que se acaba de presentar, y que nace de la Concertación Social firmada el 1 de agosto del año pasado. Este tipo de programas demuestran la importancia de la concertación como instrumento al servicio de los asturianos y asturianas. Empresas, sindicatos y Gobierno fuimos capaces de acordar de manera exprés muchas medidas, entre ellas este programa que va que repercutir en la competitividad de nuestro comercio, sobre todo el pequeño de proximidad, que con tanto sacrificio y cariño lleva funcionando a lo largo de los siglos.

La transformación digital tiene siempre que repercutir en el crecimiento económico de los pueblos, ciudades, y comunidades autónomas y, sobre todo, tiene que generar empleo, porque si no lo genera o lo destruye es que no estaremos haciendo las cosas bien.

(Artículo publicado en el diario El Comercio con fecha 23/02/2021)

Hace ya demasiado tiempo que toca modificar, añadir y derogar determinados preceptos normativos incluidos en las últimas reformas laborales, que se plantearon como una solución a la crisis económica del año 2008 y que a la postre se convirtieron en una trampa mortal para los trabajadores y trabajadoras. Porque atentan a la igualdad en todas sus variantes, a la justicia social, y, engañosamente, consolidan un crecimiento económico a costa de aumentar la precariedad laboral a través de la pérdida salarial, la temporalidad y la parcialidad contractual. 

La última reforma laboral implantó el despido casi gratuito, aumentando el desempleo, sobre todo el de larga duración, e incrementando la diferencia entre los que más y menos ganan. Instauró la figura del trabajador pobre y, ahogó más a los colectivos más vulnerables aumentando el número de personas en riesgo de pobreza. También sirvió para empoderar la figura empresarial, debilitando la acción y negociación sindical. En definitiva, una autentica arma de destrucción laboral en manos de los poderosos, que lo único que ha conseguido es desincentivar el consumo y dividir a la sociedad en dos clases, los que tienen y pueden y los que no. Además de conducir a la desesperación a muchas personas que ven en la radicalidad y el populismo extremista una falsa solución que nos pone en peligro de retroceder en materia de determinados derechos, unos derechos que nos costó mucho conseguir, contra las ideas retrogradas ya superadas relacionadas con el machismo, la xenofobia, la persecución LGTBI etc. 

Y justamente porque la reforma laboral es un instrumento tan dañino es por lo que los ciudadanos y ciudadanas votamos masivamente al Gobierno actual, ya que su derogación se incluía en el programa electoral de las formaciones que integran el Ejecutivo.

Y de la misma manera este Gobierno comprometió con nuestras personas mayores la garantía de sus pensiones, derogando para ello la reforma de las pensiones del año 2013, lo que conlleva la eliminación de dos elementos tan nocivos como el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización. No son necesarios porque no tenemos un problema de gasto en nuestro sistema público de pensiones, sino de ingresos. 

Estamos muy por debajo en gasto respecto a otros países de la Unión Europea; lo que tiene que hacer el Gobierno es dejar de cubrir con cargo a las pensiones gastos estructurales de la Seguridad Social, no tocar el computo de años para el cálculo de la pensión -porque va a ser muy difícil con la precariedad laboral que tenemos alcanzar esos años de cotización- y tener mucho cuidado, pues con todo esto lo único que se hace es demonizar nuestro sistema público a favor de sistemas privados de pensiones. Es de justicia social reconocer la labor de nuestras personas mayores, que ya cotizaron toda su vida para tener derecho a una pensión digna. Hay que poner en valor su labor social sin confrontarlas con las personas jóvenes, porque ya están pagando con sus vidas la crisis del coronavirus y no hay derecho a que ahora también tengan que pagar con sus pensiones la recuperación económica de esta crisis sanitaria.

De la misma manera, que hay que subir el Salario Mínimo Interprofesional. Porque lo hacen otros países de nuestro entorno; porque incentiva el consumo, ya que los salarios bajos van directamente al gasto para poder vivir, y si la gente gasta, y compra, las empresas venden y no tienen que hacer ERES o ERTES, el Estado gasta menos dineros en prestaciones y subsidios y las empresas pueden pagar íntegramente las cotizaciones y los impuestos con lo que el Estado recauda más, lo que repercute en el crecimiento económico del país. 

No se puede decir que ahora no se sube el SMI pero se mantiene el compromiso antes de finalizar la legislatura de subirlo hasta el 60% del salario medio como recomienda la Carta Social Europea (que son aproximadamente 1200 euros). Eso es engañarnos, porque estamos a mitad de legislatura, y si ahora no se sube ¿van a incrementar 250 euros en los dos próximos años?

También podríamos hablar de la Ley de Igualdad salarial, o de la inadmisible cantidad de personas que mueren por el simple hecho de ir a trabajar; y del Covid-19, que hay que seguir combatiendo pero no puede ser una excusa para no llevar a cabo estas reformas que son de justicia social, imprescindibles para que las personas no seamos otra vez los grandes perdedores de la crisis. Por eso empezamos las movilizaciones, para que nos escuchen, para que negocien con nosotros, para que cumplan con su programa electoral, para que no concedan el derecho de veto a la patronal. Porque ahora gobierna la izquierda y eso supone defender a los obreros y obreras, a las personas, a los colectivos más necesitados, evitando que nadie se nos quede en el camino.

(Artículo publicado en el diario La Nueva España, 09/02/2021)

Hoy, después de meses conviviendo con el virus, ya sabemos, entre otras cosas, que entiende de clases sociales; porque la pandemia está afectando muy gravemente a los colectivos más desfavorecidos, a los más vulnerables y a los que están en régimen de exclusión social.

Es en los barrios más pobres donde se producen más contagios, ya que son los que menos recursos tienen para protegerse contra el virus. Esta pandemia está consiguiendo que aumente la desigualdad, pues incrementa la diferencia entre los que más riqueza tienen y los que menos.

Y es que aumenta la pobreza severa en nuestro país. Son esas personas que tienen que sobrevivir con menos de 16 euros al día, afectando a más de 5 millones de personas en España. Crecen también las tasas de pobreza relativa, que encuadra a las personas que tienen que malvivir con menos de 24 euros al día; son ya casi 11 millones.

En los sectores más perjudicados porque han tenido que cerrar su actividad, es precisamente donde hay más precariedad laboral, más temporalidad, más contratos a tiempo parcial y salarios más bajos; la pandemia ha supuesto para ellos y ellas una profunda pérdida salarial;

Si a esto sumamos la población emigrante y las personas que están forzadas a una situación irregular, nos encontramos con demasiada gente que no tiene hogar, o donde calentarse.

Ello, sin olvidarnos de los jóvenes y de las mujeres, que son los colectivos donde más ha aumentado el desempleo y los que más poder adquisitivo han perdido, pudiendo darse el caso de que si eres mujer joven y migrante perteneciente a un colectivo racial estás condenada a la miseria más absoluta. No podemos permitir que la salida de la crisis y la vuelta a la normalidad se produzca a costa de un aumento de la desigualad entre ricos y pobres, entre hombres y mujeres, aumentando el desempleo de larga duración y condenando a los jóvenes y a los mayores de 55 años. No podemos permitirlo porque conocemos las recetas, y no son otras que apostar por políticas públicas que den prioridad a las personas, por potenciar nuestros servicios públicos, y, sobre todo, por subir el Salario mínimo interprofesional, las pensiones, complementar las prestaciones de los ERTES y aumentar los subsidios para quien no tiene nada. Porque es un dinero que se invierte en las personas que menos tienen y que revierte en mayores ingresos económicos para el Estado,  repercutiendo en el crecimiento económico del país;  porque es un dinero que estos colectivos destinan en su totalidad al consumo y si la gente gasta y consume, las empresas venden, lo que significa que no tendrán que cerrar o hacer ERTES. Supone también que pueden pagar impuestos y cotizaciones al Estado por lo que éste ingresa más, y que el Estado no tendrá que pagar tantas prestaciones por desempleo y subsidios.

Y esto hay que hacerlo dentro de un contexto del mercado laboral que apueste por la calidad en el empleo, eliminando la precariedad. Para ello es necesario, en algunos casos sustituir, en otros modificar, y en muchos eliminar, las normativas introducidas en la última reforma laboral.

Ya no caben coartadas, ni justificaciones. Sabemos qué tenemos que hacer, cómo hacerlo, y tenemos un Gobierno de izquierdas para llevarlo a cabo.

Por fin termina este 2020, un año para olvidar y recordar. Por eso para este 2021 os deseo: mucha salud para vosotros/as y vuestras familias, sin ella lo demás no vale nada; mucha memoria para no olvidarnos de las miles de personas que se nos han ido, que lo dieron todo por nosotros/as y acabaron muriendo solas; sentido común para cumplir con las normas y recomendaciones sanitarias que salvan vidas; generosidad con los/las más perjudicados/as por esta crisis del virus, sin techo, sin comida ni calor; os deseo que tengáis mucha capacidad de consenso, complicidad y empatía para entender que solo con la suma de todos y todas, saldremos de ésta; que tengáis atrevimiento e imaginación para cambiar las cosas y hacerlas de otra manera más justa con este mundo y más inclusiva e igualitaria con las personas que estamos en él; y empleo, que no lo perdáis o que lo encontréis, porque todas y todos tenemos que tener el derecho de poder tener un plan de vida y un proyecto de futuro.

Aprovechemos este nuevo año para que podamos dejar de contar la cantidad de emigrantes que mueren en el Mediterráneo, los/as trabajadores/as que fallecen en sus puestos de trabajo y las mujeres asesinadas víctimas de la violencia de género. Con la suma de todas y todos vamos hacer que este 2021 sea mucho mejor.

Javier Fernández Lanero
Secretario General UGT Asturias