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CONCERTAR EL DESCONCIERTO

Concertar el desconcierto. Puede parecer una frase fácil, pero la realidad es que la Concertación para la recuperación de Asturias (CREA) que acabamos de firmar era más necesaria que nunca para, cuanto antes, empezar a poner en marcha medidas económicas y de protección social dentro del desconcierto generalizado que esta crisis sanitaria trajo consigo.

Porque fue impredecible y sus consecuencias sanitarias, económicas y sociales aún lo son más; por eso es obligación de los gobiernos y de los agentes económicos y sociales buscar de forma rápida un acuerdo que nos permita evitar la destrucción masiva de empleo que el cierre de empresas, la baja tasa de actividad y el decrecimiento económico pueden traer consigo.

El acuerdo suscrito es una concertación de dos velocidades, con unas medidas que hay que poner en marcha de manera inmediata y otras que va a ser necesario ir desarrollando durante el próximo año y medio. En el contexto actual no es posible firmar una concertación para cuatro años porque desconocemos en qué situación estaremos en septiembre, cómo evolucionará esta pandemia y qué medidas habrá que adoptar en cada momento.

Por lo tanto, el acuerdo que hemos firmado será vivo, para ir incorporando todas aquellas cuestiones que en cada momento sea necesario abordar y resolver, y confiando en que a finales del próximo año tengamos una situación sanitaria más estable, y por tanto un mayor conocimiento de las necesidades y repercusiones económicas, así como de los recursos económicos presupuestarios -regionales, estatales y vía fondos europeos-, para abordar con más precisión una segunda fase de la concertación para los años 2022 y 2023.

En esta primera fase se incluyen más de 180 medidas, que supondrán unos 640 millones de euros actuando sobre cinco ejes generales: sanidad, educación y protección social; impulso a la industria; empleo y seguridad; reactivación empresarial e igualdad entre mujeres y hombres.

Cinco ejes que, entre otras cuestiones, acometerán la necesidad de reforzar la asistencia sanitaria -sobre todo la de atención primaria-, el servicio de vigilancia epidemiológica, las figuras de coordinación entre las residencias y las áreas sanitarias, la investigación frente al COVID-19, la creación de una reserva estratégica frente a la pandemia y una central de compras, el refuerzo de la educación digital con infraestructuras y formación, la reducción de las brechas digitales, intensificar la protección social, garantizar la vivienda, la redacción de un plan industrial, la creación de la Agencia asturiana de ciencia e innovación, el impulso a los proyectos para la transición energética, la mejora de las ayudas a pymes y autónomos en sectores como turismo, hostelería, comercio, construcción, transporte o cultura.

Incorpora también iniciativas para ordenar la movilidad a través del sistema publico de transporte, el impulso a las infraestructuras de comunicación que tenemos pendientes en Asturias, el desarrollo de las nuevas tecnologías, el acceso digital a servicios públicos y la garantía en la contratación pública de las clausulas sociales, laborales, medioambientales y en materia de igualdad.

CREA integra además medidas para potenciar el Instituto asturiano de prevención de riesgos laborales, continuar con la comisión de seguimiento de los ERTES, fomentar la formación dual y ejecutar todos los programas de las políticas activas de empleo. Pondremos en marcha la figura de los agentes de Igualdad y elaboraremos un Plan de corresponsabilidad del Principado de Asturias, así como la creación del registro oficial de planes de igualdad.

Esta concertación tiene que servir para poner en valor la capacidad de consenso, y ello debe ser ejemplo para que también existan acuerdos en el Parlamento asturiano. Y, por supuesto, tiene que servir para que se refuercen los servicios públicos y se garantice el empleo de manera que nadie en esta crisis se quede atrás; también para recordar a las victimas del COVID-19 y agradecer el trabajo de todas las personas de servicios esenciales.

EL CASCO, COMO LA MASCARILLA.

En ningún caso la vuelta a la normalidad, la recuperación paulatina de la actividad productiva, debe suponer una escalada del número de muertes por accidente de trabajo. En España, llevamos en lo que va de año 288 muertes -a fecha de mayo-, un 15% más que en el mismo periodo del año pasado. 11 de esas muertes se han producido en Asturias y 3 de estas 11 tuvieron lugar tras el periodo del confinamiento.

Esto no puede ser. Tan importante como ponerse la mascarilla es ponerse el casco; la vuelta al trabajo debe hacerse en plenas condiciones de seguridad frente al riesgo de contagio del virus y con todas las medidas de protección colectiva y garantía de uso de los equipos de protección individual por parte de los trabajadores y trabajadoras.

La situación actual debida al COVID-19 no debe conllevar la más mínima relajación por parte de empresas, organismos de vigilancia y control o servicios de prevención ajenos. Porque si hay un momento indicado para velar por el cumplimiento estricto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es este.

Tiempo habrá de actualizarla. Es sabido que una de nuestras demandas en esta materia es que tras más de dos décadas de vigencia, la ley se adapte a las nuevas realidades de las empresas, a los nuevos modelos productivos y procesos de fabricación basados en robotización, digitalización, inteligencia artificial, etc. También es ineludible una revisión del cuadro de enfermedades profesionales, que apenas ha variado desde su publicación en 2006 y no contempla la aparición de nuevos riegos ligados a las nuevas tecnologías.

Pero los últimos accidentes en Asturias, a expensas del resultado de la investigación, son accidentes que nunca debieron habido producirse, porque están relacionados con cuestiones tan básicas en cualquier puesto de trabajo como el uso del casco, o la observancia de los procedimientos establecidos.

A la vista de la situación, hemos tenido una reunión urgente con el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL), la Inspección de Trabajo y la Federación Asturiana de empresarios, donde hemos acordado reanudar y potenciar las labores de vigilancia y control en materia de salud laboral en las empresas, tanto por parte de la Inspección como de los Delegados de Prevención del IAPRL.

También hemos acordado iniciar una serie de reuniones con los servicios de prevención ajenos, porque son los que tienen que garantizar que se cumplan los planes de seguridad en las empresas. No se trata de tener los manuales, las evaluaciones de riegos o los planes de emergencia adornando las estanterías de los despachos de las empresas. Tienen que ser documentos vivos, que impliquen manuales de acogida y cursos formativos, para que realmente los trabajadores trabajen en plenas condiciones de seguridad. Porque al final el papel lo aguanto todo, pero el cuerpo y la salud no.

Además acordamos llevar a cabo una campaña de sensibilización para volver a situar en primera página la necesidad de trabajar con seguridad, porque con la urgencia de recuperar otra vez la actividad, no se le está prestando la atención debida a la salud laboral.

Desde luego que seguiremos reivindicando la aprobación de una nueva Estrategia española de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se deje de considerar la prevención una obligación y la convierta en un derecho. También que aumenten los recursos humanos y económicos de los Institutos de Salud y Seguridad en el Trabajo y que se refuerce la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, que en la actualidad cuenta con una de la ratios de inspectores por población ocupada más baja de Europa. Y conseguiremos derogar la reforma laboral, porque la precariedad mata.

A veces tengo la sensación de que los accidentes en el trabajo, las muertes, se ven con cierta normalidad, como si fuese algo consustancial al mundo laboral; como una maldición ante la que no se puede hacer nada más que lamentar, desear que no vuelva a ocurrir, y vuelta a la normalidad.

Repito: esto no puede ser. Se pueden y se deben de hacer muchas cosas que terminen con esta lacra. No podemos consentir que los trabajadores y trabajadoras mueran por el simple hecho de ir a trabajar.

LA NECESIDAD DE REGULAR EL TELETRABAJO

Una de las muchas consecuencias que ha traído la crisis del COVID-19 es que se puede y se debe trabajar de otra manera. De la necesidad virtud: ahora se ha visto que trabajar desde casa, que antes parecía imposible, y de hecho era algo anecdótico, no solo es factible, sino necesario.

No nos engañemos. Lo que hemos hecho durante el confinamiento no es teletrabajar, sino trabajar a distancia. El teletrabajo es un figura de nuestra legislación laboral que apenas está regulada y que prácticamente ninguna empresa utilizaba porque, por un lado, por parte empresarial existía miedo al cambio, a no controlar al personal, y porque también la mayoría de nuestras empresas son micropymes y apenas disponían de recursos para instaurar esta figura.

Pero lo que ha quedado claro es que el teletrabajo es una herramienta necesaria, que ha venido para quedarse. Su uso se ha multiplicado durante el confinamiento y se mantiene en este periodo de vuelta a la normalidad. Por tanto, es necesario regularla, para tener seguridad jurídica.

Así, estamos negociando con el Gobierno y la CEOE esta modalidad de trabajo, porque es necesaria una ley que la regule, pero desde el diálogo social, para que no confronte y su implantación se lleve a cabo con naturalidad. También para garantizar que se potencian todas las virtudes que presenta y se reducen a la mínima expresión los defectos, que también los tiene.

En UGT pensamos que el teletrabajo tiene que ser equilibrado, con 1 o 2 días a la semana; adaptado a la realidad de nuestro sistema productivo y con garantía de condiciones y derechos laborales. Además, tiene que tener carácter voluntario y garantizar la igualdad de trato y no discriminación. Todos los trabajadores deberán tener los mismos derechos que si prestasen el servicio en el centro de trabajo, manteniendo los mismas condiciones laborales en retribución, estabilidad en el empleo y promoción profesional. Es imprescindible que exista un registro horario para el inicio y la finalización de la jornada, y que se garantice la desconexión digital. Se debe dotar al trabajador de los medios necesarios para su desarrollo, sufragando por tanto los gastos que tienen que que ver con equipos y medios necesarios para el desempeño. Y las administraciones tendrán que velar para que no exista brecha digital al tiempo que las empresas deberán asegurar la formación en competencias digitales.

En ningún caso el teletrabajo puede suponer una pérdida de protección en materia de seguridad y salud laboral, ni una nueva forma de precariedad laboral; y bajo ningún concepto debe entenderse como un instrumento para la conciliación laboral y familiar que a la postre se convierta en una trampa mortal para las mujeres que perpetúe el rol de cuidadoras. Por eso el teletrabajo tiene que estar dentro de los planes de igualdad de las empresas garantizando que no va a suponer un retroceso en el ámbito laboral para las mujeres.

Somos conscientes de que el Gobierno tiene prisa por instaurar una ley que regule y desarrolle el teletrabajo ante los nuevos rebrotes que puedan surgir de esta pandemia; pero tan importante como que exista una norma es que ésta sea útil, esté consensuada en el marco del diálogo social con empresarios y sindicatos y se desarrolle en la negociación colectiva de las empresas y sectores para regularla más al detalle en función de cada realidad específica.

INGRESO MINIMO VITAL

Desde el lunes 15 de junio ya se puede solicitar el Ingreso Mínimo vital, que tendrá un importe mínimo de 461,50 euros al mes, por 12 mensualidades, para una persona que vive sola, aumentándose hasta los 1.015 euros dependiendo de las cargas familiares, y la podrán reclamar las personas entre 23 y 65 años con unos requisitos familiares y económicos específicos, y es una reclamación histórica de la UGT, que llevamos al parlamento a través de una Iniciativa Legislativa popular hace más de cuatro años, y que a nuestro juicio era más inclusiva porque daba cobertura a muchas más familias, en todo caso y a pesar del menos precio de algunos grupos políticos a esa medida y del retraso en ponerse en marcha, constituye un hito social en la lucha contra la pobreza, que refuerza nuestro estado del bienestar, que va a permitir que millones de personas salgan del umbral de la pobreza, pues hay que tener en cuenta, que a raíz del COVID-19 hay un millón de desempleados más, de los cuales el 40% no cobra ninguna prestación, que uno de cada cuatro hogares está en riesgo de pobreza o exclusión social, que 700.000 hogares no tienen ningún ingreso, y que más de un millón de hogares tiene a todos sus miembros en paro, a esto sumamos 33.000 personas sin hogar y 12 millones de personas en riesgo de pobreza. Una realidad, que agravaba la situación precedente, ya grave, de una parte importante de la población, y que exigía el impulso de esta renta desde hace ya dos meses, y que debió estructurarse en dos partes, una renta extraordinaria y urgente para dar una solución inmediata a las personas que se vieron confinadas en sus casas sin ningún tipo de prestación y sin posibilidad de buscar trabajo, y otra renta con carácter permanente, sin tantas prisas, y que debería haber sido negociada y pactada con los sindicatos. Tenemos que tener claro que esta prestación no es la solución al problemas, las personas lo que quieren es trabajar y tener por si solos una expectativa de vida y un plan de futuro, pero mientras esto no sea posible esta renta tendrá que perdurar mientras persista la situación de vulnerabilidad familiar y que debe posibilitar que, quienes accedan a la misma, a través de medidas de fomento del empleo, puedan finalmente ingresar de nuevo en el mercado de trabajo, y en todo caso puedan tener una plena inserción social, por eso además de la labor de acompañamiento de los servicios sociales, es fundamental un seguimiento permanente de cada beneficiario por parte de los orientadores de los Servicios Públicos de Empleo, con un desarrollo de los itinerarios de formación específicos para conseguir la mayor empleabilidad a corto plazo. Y esta renta vital es además una medida que por ser mínima y vital va directamente al consumo y está dentro de la necesidad que venimos reclamando en nuestro país de poner en marcha un Plan para incentivar el consumo, sobre todo de productos que fabriquemos en España. Pero necesitamos más y Europa no puede quedarse atrás, el futuro de la democracia, la economía y la cohesión social europeas está en juego. Es necesaria una Europa más justa caracterizada por la solidaridad, los derechos y la justicia social. Tenemos que conseguir que de esta crisis ninguna persona salga perdiendo y se nos quede por el camino, que no lo acaben pagando los colectivos más desfavorecidos, y que la sociedad no aumente en desigualdades entre los que más y menos tienen y entre hombres y mujeres, nadie tiene derecho a ser pobre, a vivir bajo la condena de la exclusión social, pues como digo siempre las empresas, el sistema financiero, nuestro sistema de sociedad no deja de ser un instrumento al servicio de las personas, de su desarrollo vital, de sus derechos y de sus libertades. Este es un mundo para las personas y todos tenemos cabida en él.

DIA INTERNACIONAL DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El 28 de abril es el día Internacional de la Salud y la Seguridad en el trabajo, y todos los años recordamos los miles de trabajador@s que están detrás de las estadísticas de accidentes y enfermedades profesionales, que según la OIT cada año mueren en el mundo más de 2 millones de personas mientras desarrollan su actividad laboral, y denunciamos la precariedad laboral que está en el origen de esta lacra social, y que no mejora de un año a otro, sino al contrario, en los dos primeros meses de este año llevamos casi tantos accidentes mortales como los que se produjeron todo el año pasado, y por eso venimos de manera continuada proponiendo cambios en la normativa y en las políticas.

 Pero este año es diferente, porque nos enfrentamos a una crisis mundial de salud pública inédita hasta ahora, que ha sobrepasado los límites de nuestro sistema sanitario, y que ha paralizado la actividad económica de nuestro país, condenando a much@s trabajador@s y matando a miles de personas. Por eso, este 28 de Abril, la UGT quiere mostrar sus condolencias a las víctimas y familiares pero también mostrar nuestro apoyo para todas las personas de los servicios esenciales que ponen en riesgo su salud y dan la batalla día tras día para garantizar la viabilidad de la sociedad.

Esta situación que vivimos, desgraciadamente, ha dejado constancia de lo que siempre ha defendido y denunciado la UGT, que la salud laboral forma parte indisociable de la salud pública y que las políticas de austeridad, como receta única para salir de la anterior crisis económica, trajeron consigo recortes de los servicios públicos, que ahora son imprescindibles, como la sanidad pública y una reducción de las inversiones en prevención de riesgos laborales en las empresas y de políticas públicas activas en materia preventiva.

Por esto, más que nunca es necesario una actualización de la ley de PRL que el próximo mes de Noviembre cumple 25 años y que aunque es una de las mejores de Europa se debe adaptar a situaciones como la que vivimos, incidimos en la necesidad dentro del dialogo social de poner en marcha las negociaciones para la aprobación de una nueva Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se deje de contemplar la prevención como un negocio y sí como un derecho, al haberse externalizado su gestión a través de servicios de Prevención ajenos que en muchos casos se han limitado a tramitar la documentación requerida para cumplir con la ley desde un punto de vista formal, y que con la llegada del COVID-19 han desaparecido. Para lograr la plena integración de la salud laboral en la salud pública es precisa una mayor coordinación entre las administraciones estatales y las autonómicas logrando así que se dejen de reducir las plantillas de organismo como el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, y que se refuerce la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, que en la actualidad cuenta con una de la ratios de inspectores de trabajo por población ocupada más baja de Europa, además de una revisión periódica del listado de Enfermedades Profesionales que apenas ha sido revisada desde su publicación en 2006, donde la aparición de las nuevas tecnologías trajo consigo la aparición de nuevos riesgos que al no ser reconocidos es como si no existiesen a efectos de su prevención y protección, y lo que no se previene no se combate y puede terminar en muerte. Y es fundamental, en la actual situación del COVID-19, que las empresas faciliten a tod@s l@s trabajador@s las medidas de protección colectiva, sobre todo de distanciamiento social, y todos los EPIs que sean necesarios para evitar el contagio propio y ajeno del virus. Pese a la multitud de estas barreras, UGT seguirá trabajando a través de los miles de delegados/as de prevención en los centros de trabajo para afrontar estas crisis sanitaria, exigiendo el cumplimiento de la normativa, negociando los protocolos de reactivación de la actividad y continuará denunciando aquello que sea preciso, porque para la Unión General de Trabajadores lo importante es la salud de los trabajadores y trabajadoras y no debemos consentir que el sistema económico se anteponga a la vida de todos nosotros y nosotras.

1 DE MAYO

Este 1 de mayo es diferente debido a la crisis sanitaria producto del COVID-19, tenemos que estar confinados en nuestras casas y no podremos manifestarnos por las calles, pero es importantísimo que nuestras reivindicaciones lleguen a todo el mundo, porque precisamente esta crisis sanitaria ha dejando en evidencia las políticas de austeridad como única solución para la salida de la anterior crisis económica del año 2008, y que lo único que trajeron fue precariedad laboral, más desigualdad entre los que más y menos tienen y aumento de la pobreza de las personas, sobre todo de los colectivos más desfavorecidos, y supusieron graves recortes de los recursos económicos destinados a los servicios públicos, muchos de ellos pilares de nuestro estado de bienestar como es la educación, la dependencia, la igualdad y la sanidad. De esta última mucho nos acordamos ahora que no la tenemos, espero que aprendamos ahora la lección para que nunca más se produzcan recortes en servicios fundamentales, básicos, a partir de los cuales cuelga todo lo demás como es el crecimiento económico y el bienestar social.

Lo primero que tenemos que hacer ante una situación extrema como la que tenemos es atender a lo inmediato y ponernos a trabajar en las consecuencias de esta crisis sanitaria que será sin lugar a dudas una crisis económica y social, para las que tenemos que empezar a reconstruir la vuelta a la normalidad para que repercuta lo menos posible en el crecimiento económico y social

Lo inmediato es apoyar con recursos económicos, logísticos y con todos los EPIS colectivos e individuales a nuestro sistema sanitario y a todos los empleados públicos sanitarios, además debemos de extender todas las medidas de protección contra el contagio al virus a todos los trabajadores y a todos los ciudadanos de nuestro país, al mismo tiempo que tenemos que pasar los test de detección rápida del virús a toda la población que sea posible, para tener una idea clara del número de contagios que nos permita definir con la mayor exactitud el escenario actual, para a partir de ahí poder empezar a negociar las políticas de reconstrucción, pero sabiendo ya que la vuelta a la normalidad va a ser lenta, va a ser poco a poco, incluso en algunos sectores como el pequeño comercio, la hostelería y el turismo van a tardar bastantes meses en recuperarse, lo que va hacer necesario que una vez que termine el estado de alarma se mantengan todas la ayudas económicas a las empresas, pymes, micropymes y autónomos, así como mantener todas las prestaciones a los trabajadores para intentar que mientras dure la reconstrucción las empresas no cierren y los trabajadores no pierdan su empleo, en este sentido va a ser necesario establecer un nuevo ERTE debido al COVID-19 que de cobertura y continuidad a los ERTES actuales de fuerza mayor así como a los organizativos y productivos.

Las políticas de reconstrucción marcarán las nuevas políticas económicas y sociales de los próximos años en Asturias, por eso la próxima semana la UGT ha conseguido que de nuevo se reúna la mesa de la Concertación Social, donde está el gobierno de Asturias y los agentes sociales para readaptar la concertación que estábamos negociando, a la nueva realidad económica y social producto de la crisis del COVID-19 y que supondrá una revisión y adaptación de todas la medidas económicas, presupuestarias y sociales, para el fortalecimiento de nuestro sistema sanitario y de todos los servicios públicos en general, así como el fortalecimiento de nuestra actividad productiva y por tanto de nuestras empresas y autónomos, manteniendo y potenciando todas las ayudas en forma de préstamos sin intereses, moratorias en pago de cotizaciones e impuestos, ayudas directas a los autónomos, así como poner en marcha planes específicos para el sector de hostelería y turismo, y mantener y potenciar nuestra industria para lo que va a ser necesario un precio de la energía competitivo y por tanto equitativo con el que hay en otros países de la Unión Europea, y por supuesto garantizar todas las prestaciones actuales para dar cobertura a todos los trabajadores y sobre todos a los colectivos más desfavorecidos para lo que va a ser necesario mantener todas las ayudas en forma de moratorias en el pago de hipotecas, ayudas al alquiler y poner en marcha entre otras cosas una renta vital básica para las más del millón de personas que no tienen ningún tipo de prestación, así como una prestación económica para todas los trabajadores que tengan que pedir reducción de jornada para cuidado de mayores y menores, y complementar las prestaciones por desempleo de todos aquellos trabajadores de ERTE que cobrar unas cuantías de desempleo inasumibles por venir de sectores muy precarios. Tenemos también que garantizar toda la asistencia psicológica a todos los profesionales sanitarios, y todos aquellos colectivos sometidos a una situación de extres por ser una actividad básica y trabajar en condiciones de riesgo elevado al contagio del virús, así como reforzar el sistema de protección a mujeres víctimas de violencia de género y que en el estado actual de confinamiento son mucho más vulnerables. Todas las ayudas que están puestas en marcha y las que esperemos negociar serán efectivas si llegan a tiempo, si se cobran ahora que es cuando se necesitan y para eso es fundamental que las administraciones y el sistema bancario agilice y flexibilice todos los tramites y plazos, y que estos sean automáticos para una población que está confinada en sus casas y que no tiene los instrumentos telemáticos necesario para trámites en red y en muchos casos ni tan siquiera sabe utilizarlos, tiempo habrá de poner en marcha la formación y los instrumentos telemáticos necesarios para que el teletrabajo sea una realidad que complemente al trabajo presencial y para que la teleformación sea una realidad que complemente la formación presencial, porque no puede haber casi 6000 alumnos desconectados y no puede haber territorios en Asturias sin acceso a internet, pero desde luego ahora mismo es imprescindible que el gobierno garantice que los trabajadores que están en ERTE cobren las prestaciones cuanto antes porque no pueden esperar hasta junio para empezar a cobrar las prestaciones que han generado en marzo, y debe debe de dejar claro que no es momento para los negocios y nadie puede hacerlo con productos de primera necesidad, como son las mascarillas, guantes o geles desinfectantes de manos, así como el sistema bancario debe devolverme a la sociedad, los más de 60.000 millones de euros que nos costó a todos el rescate bancarios de la anterior crisis económica, en forma de ayudas y desde luego de no cobrar ningún tipo de porcentaje o comisión por tramites, gestiones o transferencia bancarias es unos momento donde además no se pueden hacer estas gestiones de manera presencial.

Es el momento de un gran pacto de todos grupos políticos y de todos los agentes sociales para la reconstrucción económica y social, que tiene que tener como finalidad algo que la UGT siempre ha reivindicado y que la crisis del coronavirus demuestra que es inaplazable que no es más que un nuevo Modelo Productivo basado en más y mejores servicios públicos de Sanidad, dependencia, educación etc, basado en la intervención pública de los sectores estratégicos como son energía, industria, suministros y servicios financieros, que garantice una respuesta eficaz ante situaciones críticas como la actual, y una mayor eficiencia de los mismos, así como una menor dependencia de un mercado que prioriza la obtención del máximo beneficio sin tener en cuenta los problemas y las necesidades de las personas, y basado también en muchas más inversión privada y pública en ciencia, tecnología e innovación que nos lleva a un modelo de desarrollo económico justo y medioambientalmente sostenible. Para este gran pacto podrán contar con la UGT siempre y cuando se nos tenga en cuenta nuestras propuestas y sitúen las necesidades de las personas en el centro de todas las políticas y decisiones que se vayan a tomar

Es el momento de una Unión Europea que de respuestas, tiene que dejar de ser una UE monetaria y mercantil, para convertirse en una institución que al menos de respuestas ante los grandes retos y crisis, porque si no todos los ciudadanos se plantearán para que sirve, y confío en que aprendiese de los errores de la políticas de austeridad del pasado, que no resolvieron ni un solo problema y que dieron la espalda a los ciudadanos, fomentando el auge de partidos políticos extremistas, y tiene que afrontar el problema en forma de un plan de choque contra la crisis y por la reconstrucción económica con los recursos económicos que sean necesarios, porque este es un problema común de todos los países europeos.

Para nosotros en fundamental, más allá del estado de alarma, empezar a crear un estado de confianza para incentivar el consumo, para que cuando podamos volver a salir a nuestras calles, las personas no se queden encerradas en casa con miedo, porque si no salimos y compramos, gastamos y consumimos, las empresas no venderán y si no venden entran en crisis, lo que supone cierre de las mismas, trabajadores al desempleo y menos pagos de impuestos y cotizaciones, por lo que el estado recauda menos y no puede destinar recursos a la inversión económica y social, entrando en un bucle de crecimiento negativo del que luego es muy difícil salir como vimos en la anterior crisis.

Y sobre todo este primero de mayo tiene que servir para recordar a las miles de personas fallecidas y para reconocer el trabajo y la profesionalidad de todas las personas que han estado en primera línea, nuestro máximo reconocimiento y respeto a todos los profesionales sanitarios, así como a todo los empleados públicos, todas las trabajadoras de los supermercados y a todos los trabajadores de actividades esenciales, que han prestado un servicio fundamental con deficientes medios de protección, arriesgando sus vidas y su salud por el contagio al virus. Y la UGT seguiremos como siempre defendiendo un mundo más justo, más libre y menos desigual

DIA INTERNACIONAL  DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El 28 de abril es el día Internacional de la Salud y la Seguridad en el trabajo, y todos los años recordamos la cantidad de trabajador@s que están detrás de las estadísticas de accidentes y enfermedades laborales, que según la OIT cada año mueren en el mundo más de 2 millones de personas debido a la actividad laboral, y denunciamos la precariedad laboral que está en el origen de esta lacra social, y que no mejora de un año a otro, sino al contrario, en los dos primeros meses de este año llevamos casi tantos accidentes mortales como los que se produjeron todo el año pasado, y por eso venimos de manera continuada proponiendo cambios en la normativa y en las políticas. Pero este año es diferente, porque nos enfrentamos a una crisis mundial de salud pública inédita hasta ahora, que ha sobrepasado los límites de nuestro sistema sanitario, y que ha paralizado la actividad económica de nuestro país, condenando a much@s trabajador@s y matando a miles de personas, dejando, desgraciadamente, constancia de lo que siempre ha defendido y denunciado la UGT, que la salud laboral forma parte indisociable de la salud pública y que las políticas de austeridad, como receta única para salir de la anterior crisis económica, trajeron consigo recortes de los servicios públicos como la sanidad y una reducción de las inversiones en prevención de riesgos laborales en las empresas y de políticas públicas activas en materia preventiva

Por esto más que nunca es necesario una actualización completa de la ley de PRL, que se inicie, en el margen del dialogo social, las negociaciones para la aprobación de una nueva Estrategia española de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se deje de configurar la prevención como una obligación para que de verdad se convierta en un derecho, acabe con la ineficacia que supone la externalización de la gestión a través de servicios de Prevención ajenos que en muchos casos se han limitado a tramitar la documentación requerida para cumplir con la ley desde un punto de vista formal, y que con la llegada del COVID-19 han desaparecido, que se dejen de reducir las plantillas de los Institutos de Salud y Seguridad en el trabajo, y que se refuerce la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, que en la actualidad cuenta con una de la ratios de inspectores de trabajo por población ocupada más baja de Europa, además de una revisión periódica del listado de Enfermedades Profesionales que apenas ha sido revisada desde su publicación en 2006, donde la aparición de las nuevas tecnologías trajo consigo la aparición de nuevos riesgos que al no ser reconocidos es como si no existiesen a efectos de su prevención y protección, y lo que no se previene no se combate y puede terminar en muerte.

Y es fundamental en la actual situación del COVID-19, que las empresas faciliten a tod@s l@s trabajador@s las medidas de protección colectiva, sobre todo de distanciamiento social, y todos los EPI que sean necesarios para evitar el contagio propio y ajeno del virus, y donde no se pueda garantizar es obligación de los delegados de prevención, de las empresas y del gobierno que las empresas cierren o no reabran su actividad, porque no se puede contraponer el trabajo a la salud y a la vida.

ES EL MOMENTO

En estos momentos es cuando tenemos que garantizar que ninguna persona quede desprotegida, desamparada, es el momento de la solidaridad, de la justicia social, de que ninguna persona se nos quede atrás, por eso desde la UGT estamos diciendo que es necesario que los 500 mil personas que están actualmente sin ningún tipo de cobertura puedan cobrar un subsidio especial, que sea lo más alto posible y que en ningún caso sea inferior al IPREM, y que esta se convierta en la renta vital básica que venimos demandando desde hace varios años a través de una iniciativa legislativa popular, necesitamos que los trabajadores que tienen que reducir sus jornadas por cuidado de mayores o menores, porque las escuelas y los centros de día están cerrados, puedan cobrar una prestación al tener que reducir su jornada para atenderlos, necesitamos que todos los trabajadores temporales que han tienen que ir al desempleo vaya en las mismas condiciones que los que van de ERTE, porque los unos y los otros tienen que seguir viviendo, alimentándose y pagar un alquiler, por eso las ayudas a la vivienda en forma de exoneraciones y moratorias en los alquileres se hacen muy necesarias en estos momentos así como más ayudas a los colectivos de ayuda a domicilio, empleadas del hogar que son las más vulnerables al riesgo además de la precariedad de las condiciones de trabajo que padecen. Es el momento de ser fuertes, de resistir, de ser pacientes, de llorar un poco y echar de menos a los que ya no están para valorar un poco más lo que tenemos, es el momento de estar, compartir y disfrutar con nuestra familia y prometer a los amigos que después de que pase todo esto no tardaremos tanto en volver a vernos, de reflexionar de lo que hemos hecho y sobre todo de lo que no hemos hecho, de reconocer y respetar a los expertos, investigadores, científicos, a los que en definitiva tienen el conocimiento, de demostrarnos que podemos hacer las cosas bien, y salir de esta aprendiendo, y nada mejor que empezar QUEDANDONOS TODOS EN CASA aplaudiendo a los que nos protegen, nos curan y nos previenen.

CONTRAREFORMA LABORAL

Esta tiene que ser una legislatura de recuperación social y de derechos y ha llegado el momento de “derogar la Reforma Laboral”, que no es más que suprimir en algunos casos y en otros modificar, los cambios que en el año 2012, introdujo en el Estatuto de los Trabajadores el gobierno del PP, como única solución para salir de la crisis, y que a la postre no sirvió más que para sumarnos a la erronea política austericida que la UE había puesto en marcha, con el objetivo de que fuésemos los trabajadores quienes pagásemos con nuestos empleos, con nuestros contratos y con nuestros salarios, una crisis que en ningún caso habíamos generado nosotros, y que desde el mismo momento que se público, para la UGT su derogación se ha convertido en un eslogan y en un objetivo fundamental, que entre otras cosas nos llevo a convocar una huelga general.

Efectivamente la Reforma laboral 2012 ahondo mucho más que la del año 2010 donde ya se facilitaba más el despido libre que existe en nuestro país mediante el recorte de las indemnizaciones por despido, y ocho años después podemos concluir que lo único que ha generado, entre otras muchas cosas, es destrucción de empleo, aumento de la contratación temporal, aumento exponencial de la contratación a tiempo parcial, pérdida salarial, aparición del concepto de trabajador pobre, recorte de las prestaciones por desempleo, y aumento del número de parados de larga duración, debilitando como nunca la negociación colectiva, confiriendo todo el poder al empresariado. Si a esto añadimos la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones, los recortes de los subsidios, nos podemos hacer una idea clara de que no solo los trabajadores fuimos los que sufrimos más crudamente la crisis, si no que se intento volver a hacer competitivo este país a nuestra costa, sobre todo de las mujeres y de los colectivos más desfavorecidos.

Ahora con un gobierno de izquierdas y con la agenda social como biblia, ya estamos trabajando para volver a recuperar derechos, y a situarnos en la normativa laboral previa a la reforma laboral del año 2012, como punto de partida necesario para abordar la negociación de un nuevo Estatuto de los trabajadores, el actual data del año 1980, que tanto necesita este país para situar la normativa laboral en la sociedad del año 2020, y que ya no puede hacerse parcheando la actual normativa.

Dando por sentado que hay acuerdo para suprimir el aberrante artículo 52.d del Estatuto, que permite el despido por motivos de salud justificada, el trabajo se centra en tres bloques, como son la negociación colectiva, la contratación y el despido. En el primero de ellos, a juicio de la UGT, solo cabe aplicar derogación, es decir, entre otras cosas, hay que recuperar la ultraactividad, y volver a la prevalencia del convenio sectorial por encima del convenio de empresa, así como suprimir la regulación actual de los descuelgues de convenio. En el bloque de los despidos es necesario modificar la causalidad de los despidos, recuperar la autorización administrativa de los ERTES y ERES para que no haya en el despido barra libre para las empresas; y en el caso de la contratación tiene que ser el contrato indefinido el habitual, así como la jornada completa, garantizando la vigilancia para evitar el uso fraudulento de la contratación temporal y el abuso del contrato a tiempo parcial.

Para todo esto es más necesario que nunca el consenso de los empresarios y los sindicatos, estamos condenados a entendernos, porque lo que sale del acuerdo, se asume de forma natural por las partes y por lo tanto se convierte en compromiso y garantía de cumplimiento, y por tanto mucho más natural y eficaz que lo que ningún gobierno pueda imponer desde el parlamento, por tanto confío en que el espíritu del acuerdo del SMI nos sirva de ejemplo.

ESTATUTO ELECTROINTENSIVO

Mucho hemos hablado, en los últimos dos años, del Estatuto Electrointensivo, donde la exigencia de su aprobación se convirtió en un eslogan reivindicativo de toda la clase social, económica y política de Asturias, tanto que su propia existencia se convirtió en una necesidad de primer orden, y erróneamente, un objetivo en sí mismo. Nada más lejos de la realidad, la exigencia de un Estatuto Electrointensivo se venía reivindicando desde hace muchos años, prácticamente desde que se dejo de aplicar en el 2008 la Tarifa eléctrica G4, y cuya urgencia vino dada por la decisión de la empresa Alcoa de cesar la actividad de producción del aluminio y el consiguiente cierre de sus instalaciones en Avilés y la Coruña, que pretendía dejar en la calle a muchos trabajadores directos e indirectos en esa comarca Asturiana, porque fue en esas negociaciones del año 2018 donde conseguimos arrancar un compromiso del ministerio de Industria para la puesta en marcha en un plazo de 6 meses de este Estatuto, que finalmente no se cumplió y que tardíamente en estos días ha visto la luz. La exigencia era clara, se trataba de que nuestras empresas intensivas en consumo eléctrico para producir, pudiesen tener un coste €/MWh competitivo, es decir que nos situase al mismo que tienen países como Alemania y Francia, incluyendo además un tarifa especial para aquellas empresas altamente electrointensivas, es decir aquellas basadas en fundición de metales como el acero, el aluminio, el zinc, que tienen un porcentaje de energía sobre el producto mayor del 25% .

La realidad que tenemos hoy del borrador del Estatuto, y a espera de conocer el documento definitivo una vez analizadas las alegaciones que entre otros FICA-UGT ha presentado, es que estamos muy lejos del coste energético que tienen países como Alemania o Francia que pagan de menos una media de 20 €/MWh, y esto es así porque de los tres componentes de la factura eléctrica, precio de la energía, cargos del sistema (“peajes”) e impuestos, nos encontramos que en España la energía es más cara, pagamos más “peajes” y tenemos menos compensación indirecta de CO2, y además a diferencia de Alemania ya no tenemos subasta de interrumpibilidad.

Con esta situación va a ser muy difícil que nuestra industria en España sea competitiva, y por supuesto mucho menos la que tenemos aquí en Asturias, por lo tanto necesitamos que el documento definitivo del estatuto, en el apartado de la compensación de costes indirectos de CO2, se establezca la obligatoriedad de que se aplique de manera automática todos los años la compensación máxima que permite la UE que actualmente está en un 25%, y además no esté condicionado a que venga recogido en los presupuestos generales del estado, que este año podría estar por encima de los 260 millones de euros, sobre los 200 que tuvimos el año pasado, de los que solo aprovechamos 170 millones.

En el apartado del coste de la energía, necesitamos, entre otras muchas cosas, en lo relacionado con las PPA, certidumbre de costes y además de obligaciones para la empresas que se certifiquen como electro intensivas necesitamos introducir obligaciones también para las empresas eléctricas, para que nadie salga con ventaja en las negociaciones de este tipo de contratos energéticos a largo plazo, por lo demás debemos incidir en el precio exclusivo de la energía a pesar de que España no deja de ser una isla energética, entre otras cosas, porque solo tenemos un nivel de interconexión del 5%, cuando Alemania tiene más del 40%.

En el apartado de exención del 85% de determinados cargos del sistema como son los peajes por renovables, cogeneración y extrapeninsulares, y que según el borrador del estatuto suponen 92 millones de euros, va a suponer una desventaja para la industria asturiana altamente intensiva porque son las que menos peaje unitario pagan por ser las que más consumo eléctrico tienen y por tanto los que menos compensación unitaria van a tener, y que posiblemente de estos 92 millones solo se podrán beneficiar aproximadamente de 12,5 millones de euros, y por tanto se hace necesario que esta exención del 85% cuando menos sea sobre todos los costes derivados de la financiación indirecta de renovables, cogeneración y extrapeninsulares, y digo esto porque debemos recordar que la factura eléctrica se compone de 3 apartados, coste de la energía, costes del sistema e impuestos y de esto último el Estatuto Electrointensivo se ha olvidado, y si bien es cierto que como dice la Ministra de transición ecológica, en el momento que introduzcamos renovables el precio de la energía va a bajar, también va a bajar para el resto de los países, y el objetivo no es tanto que baje, como que baje comparativamente con respecto a las potencias europeas con las que competimos.

Poco ayuda Europa en este sentido, donde las trabas siempre se ponen a los mismos países, generalmente a los que cumplen con los planes del cambio climático. Si se trata de los fondos verdes reciben menos ayudas los que contaminan menos, si se trata del coeficiente de intensidad industrial para calcular las compensaciones por emisión de CO2, resulta que tenemos un coeficiente de 0,57 menor del que tienen otras países que contaminan más (Alemania, Francia de 0,76), por lo que recibimos menos compensaciones, si hablamos de la subasta de interrumpibilidad resulta que esta no nos la permite la UE, pero sin embargo Alemania la tiene y para nuestra industria altamente electrointensiva supuso en el año 2017 unos 120 millones de euros, y para cuya pérdida todavía no hemos encontrado una alternativa y no parece que este estatuto actual lo vaya a ser. Por parte del gobierno de este país se hace se hace urgente una posición firme en ajustes en frontera, en fondos Verdes y en Compensaciones de CO2 para que ya que somos los campeones de Europa en cumplir con los acuerdos del cabio climático no seamos los perdedores a la hora de hacer una transición ecológica justa y de mantener la competitividad de la industria asturiana, motor de nuestra economía que tira del resto de actividades económicas de nuestra región

Desde UGT hemos presentado alegaciones que recogerán todas nuestras propuestas para que ahora que tenemos el instrumento, cumpla de verdad con su fin, que no es más que apostar por la industria, especialmente la altamente electrointensiva, haciéndola competitiva, con la máxima garantía del empleo, por la vía de tener costes energéticos similares a los de otros países de la UE.

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