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El casco, como la mascarilla

En ningún caso la vuelta a la normalidad, la recuperación paulatina de la actividad productiva, debe suponer una escalada del número de muertes por accidente de trabajo. En España, llevamos en lo que va de año 288 muertes -a fecha de mayo-, un 15% más que en el mismo periodo del año pasado. 11 de esas muertes se han producido en Asturias y 3 de estas 11 tuvieron lugar tras el periodo del confinamiento.

Esto no puede ser. Tan importante como ponerse la mascarilla es ponerse el casco; la vuelta al trabajo debe hacerse en plenas condiciones de seguridad frente al riesgo de contagio del virus y con todas las medidas de protección colectiva y garantía de uso de los equipos de protección individual por parte de los trabajadores y trabajadoras.

La situación actual debida al COVID-19 no debe conllevar la más mínima relajación por parte de empresas, organismos de vigilancia y control o servicios de prevención ajenos. Porque si hay un momento indicado para velar por el cumplimiento estricto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es este.

Tiempo habrá de actualizarla. Es sabido que una de nuestras demandas en esta materia es que tras más de dos décadas de vigencia, la ley se adapte a las nuevas realidades de las empresas, a los nuevos modelos productivos y procesos de fabricación basados en robotización, digitalización, inteligencia artificial, etc. También es ineludible una revisión del cuadro de enfermedades profesionales, que apenas ha variado desde su publicación en 2006 y no contempla la aparición de nuevos riegos ligados a las nuevas tecnologías.

Pero los últimos accidentes en Asturias, a expensas del resultado de la investigación, son accidentes que nunca debieron habido producirse, porque están relacionados con cuestiones tan básicas en cualquier puesto de trabajo como el uso del casco, o la observancia de los procedimientos establecidos.

A la vista de la situación, hemos tenido una reunión urgente con el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL), la Inspección de Trabajo y la Federación Asturiana de empresarios, donde hemos acordado reanudar y potenciar las labores de vigilancia y control en materia de salud laboral en las empresas, tanto por parte de la Inspección como de los Delegados de Prevención del IAPRL.

También hemos acordado iniciar una serie de reuniones con los servicios de prevención ajenos, porque son los que tienen que garantizar que se cumplan los planes de seguridad en las empresas. No se trata de tener los manuales, las evaluaciones de riegos o los planes de emergencia adornando las estanterías de los despachos de las empresas. Tienen que ser documentos vivos, que impliquen manuales de acogida y cursos formativos, para que realmente los trabajadores trabajen en plenas condiciones de seguridad. Porque al final el papel lo aguanto todo, pero el cuerpo y la salud no.

Además acordamos llevar a cabo una campaña de sensibilización para volver a situar en primera página la necesidad de trabajar con seguridad, porque con la urgencia de recuperar otra vez la actividad, no se le está prestando la atención debida a la salud laboral.

Desde luego que seguiremos reivindicando la aprobación de una nueva Estrategia española de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se deje de considerar la prevención una obligación y la convierta en un derecho. También que aumenten los recursos humanos y económicos de los Institutos de Salud y Seguridad en el Trabajo y que se refuerce la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, que en la actualidad cuenta con una de la ratios de inspectores por población ocupada más baja de Europa. Y conseguiremos derogar la reforma laboral, porque la precariedad mata.

A veces tengo la sensación de que los accidentes en el trabajo, las muertes, se ven con cierta normalidad, como si fuese algo consustancial al mundo laboral; como una maldición ante la que no se puede hacer nada más que lamentar, desear que no vuelva a ocurrir, y vuelta a la normalidad.

Repito: esto no puede ser. Se pueden y se deben de hacer muchas cosas que terminen con esta lacra. No podemos consentir que los trabajadores y trabajadoras mueran por el simple hecho de ir a trabajar.

La necesidad de regular el teletrabajo

Una de las muchas consecuencias que ha traído la crisis del COVID-19 es que se puede y se debe trabajar de otra manera. De la necesidad virtud: ahora se ha visto que trabajar desde casa, que antes parecía imposible, y de hecho era algo anecdótico, no solo es factible, sino necesario.

No nos engañemos. Lo que hemos hecho durante el confinamiento no es teletrabajar, sino trabajar a distancia. El teletrabajo es un figura de nuestra legislación laboral que apenas está regulada y que prácticamente ninguna empresa utilizaba porque, por un lado, por parte empresarial existía miedo al cambio, a no controlar al personal, y porque también la mayoría de nuestras empresas son micropymes y apenas disponían de recursos para instaurar esta figura.

Pero lo que ha quedado claro es que el teletrabajo es una herramienta necesaria, que ha venido para quedarse. Su uso se ha multiplicado durante el confinamiento y se mantiene en este periodo de vuelta a la normalidad. Por tanto, es necesario regularla, para tener seguridad jurídica.

Así, estamos negociando con el Gobierno y la CEOE esta modalidad de trabajo, porque es necesaria una ley que la regule, pero desde el diálogo social, para que no confronte y su implantación se lleve a cabo con naturalidad. También para garantizar que se potencian todas las virtudes que presenta y se reducen a la mínima expresión los defectos, que también los tiene.

En UGT pensamos que el teletrabajo tiene que ser equilibrado, con 1 o 2 días a la semana; adaptado a la realidad de nuestro sistema productivo y con garantía de condiciones y derechos laborales. Además, tiene que tener carácter voluntario y garantizar la igualdad de trato y no discriminación. Todos los trabajadores deberán tener los mismos derechos que si prestasen el servicio en el centro de trabajo, manteniendo los mismas condiciones laborales en retribución, estabilidad en el empleo y promoción profesional. Es imprescindible que exista un registro horario para el inicio y la finalización de la jornada, y que se garantice la desconexión digital. Se debe dotar al trabajador de los medios necesarios para su desarrollo, sufragando por tanto los gastos que tienen que que ver con equipos y medios necesarios para el desempeño. Y las administraciones tendrán que velar para que no exista brecha digital al tiempo que las empresas deberán asegurar la formación en competencias digitales.

En ningún caso el teletrabajo puede suponer una pérdida de protección en materia de seguridad y salud laboral, ni una nueva forma de precariedad laboral; y bajo ningún concepto debe entenderse como un instrumento para la conciliación laboral y familiar que a la postre se convierta en una trampa mortal para las mujeres que perpetúe el rol de cuidadoras. Por eso el teletrabajo tiene que estar dentro de los planes de igualdad de las empresas garantizando que no va a suponer un retroceso en el ámbito laboral para las mujeres.

Somos conscientes de que el Gobierno tiene prisa por instaurar una ley que regule y desarrolle el teletrabajo ante los nuevos rebrotes que puedan surgir de esta pandemia; pero tan importante como que exista una norma es que ésta sea útil, esté consensuada en el marco del diálogo social con empresarios y sindicatos y se desarrolle en la negociación colectiva de las empresas y sectores para regularla más al detalle en función de cada realidad específica.

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