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Un Día de Asturias diferente

Celebramos un Día de Asturias diferente, metidos de lleno en una terrible pandemia que se ha cobrado demasiadas muertes en todo el mundo, muchas en España y bastantes en Asturias, pero con la convicción de que solo vamos a poder salir de esta crisis sanitaria -convertida ya en una crisis económica y social- si lo hacemos todos juntos. Hemos de ser conscientes no solo de cómo combatir y protegernos del virus sino también de que la unidad es primordial para reducir su impacto económico y sus consecuencias sociales.

Es, por tanto, el momento de poner lo mejor de cada uno de nosotros, de cada una de nosotras, al servicio del bien común; de corresponsabilizarnos para poner en marcha políticas que fortalezcan nuestro tejido productivo y protejan a los colectivos más vulnerables. Esta puede ser la oportunidad de hacer las cosas de otra manera y tenemos que aprovecharla, cambiando de modelo, construyendo un mundo más sostenible, poniendo a las personas en el centro de todas las políticas.

En este Día de los asturianos y asturianas debemos poner en valor el trabajo y la valentía de todo el personal sanitario y la labor de todos nuestros empleados públicos. Gracias a ellos y a ellas se pudieron salvar vidas y combatir mas eficazmente el COVID-19.

Este 8 de septiembre, Día de Asturias diferente, tenemos que recordar a todas la personas fallecidas, muchas de ellas mayores que pelearon toda su vida, en circunstancias muy difíciles, para sacar a sus hijos e hijas, y a sus nietos y nietas adelante, dándonos la oportunidad de tener un plan de vida. Para todas esas personas, nuestro máximo reconocimiento, y para sus familias un abrazo muy sentido de la Unión General de Trabajadores de Asturias.

Parece mentira

Parece mentira que en pleno siglo XXI una empresa como Chocolates Lacasa pueda despedir a tres trabajadores por el simple hecho de promover unas elecciones sindicales en su empresa, donde no existe representación sindical.

Conviene recordar que el papel que desempeñan las organizaciones sindicales en nuestro país está consagrado en su artículo 28 de la Constitución Española y el derecho a la representación sindical está regulado en los artículos del 62 al 68 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Parece inmoral y éticamente reprobable que para limitar esta capacidad legal se recurra a la intimidación, chulería y maltrato, que es lo que supone el despido de estos tres trabajadores, además de condenarlos, en unos momentos sociales muy difíciles, al desempleo y a la humillación del descredito profesional.

A estas alturas, debería saber esta empresa que estas conductas y tácticas persecutorias y sin escrúpulos propias de dictaduras, nunca consiguen sus fines y lo único que provocan es un desprestigio de marca y una reacción en contra de la sociedad.

Desde la Unión General de Trabajadores queremos expresar nuestra total repulsa a estas conductas. Exigimos a Lacasa la readmisión inmediata de estos tres compañeros así como la celebración de elecciones sindicales libres.

En el inicio de un nuevo curso político y sindical

Empieza este septiembre el nuevo curso político y sindical en una coyuntura muy difícil. Estamos en medio de una pandemia -cuya solución sanitaria todavía no tenemos- que está teniendo consecuencias económicas, productivas y sociales extremadamente graves. Y ello, en un entorno político cortoplacista, donde se está pensando más en los intereses partidistas que en negociar para buscar entre todos soluciones que puedan rebajar, aunque sea un poco, la complicadísima situación que vivimos.

Los agentes sindicales y empresariales hemos hecho nuestro trabajo, que ha sido firmar una concertación con más de 180 medidas y un presupuesto aproximado de 640 millones de euros, y también es verdad que el Gobierno de la nación y el regional han puesto en marcha, desde el primer momento, muchas ayudas a empresas y autónomos, así como medidas para garantizar la protección a los trabajadores y a las personas en general. Esto supone un cambio drástico en relación a cómo se afrontó la crisis del año 2008, donde fueron los trabajadores y los colectivos más desfavorecidos quienes pagaron la crisis con sus salarios y con sus empleos.

Pero no es menos cierto que la efectividad de las ayudas económicas depende de si llegan cuando se necesitan. Y, por desgracia, se tardó más de tres y cuatro meses en cobrar las prestaciones derivadas de los ERTES, de la misma manera que la mayor parte de los beneficiarios no ha cobrado el Ingreso Mínimo Vital y tampoco se están pagando las prestaciones a las empleadas de hogar.

Por esto es fundamental reducir y agilizar los trámites con más contratación de personal en la Administración pública, para que las ayudas lleguen ahora: hay mucha gente en una situación límite. Va a ser imprescindible prorrogar el acuerdo de los ERTES hasta que la situación del Covid-19 se normalice mediante una solución sanitaria, dado que son el instrumento más valioso que tenemos para garantizar el empleo. Pero lo tenemos que hacer sin que los beneficiarios pasen a cobrar solo el 50% de la base reguladora.

En Asturias, esta pandemia está haciendo mucho daño en ámbitos como el hostelero y el turístico, pero también está afectando a otros sectores, como el industrial, que ya estaban en crisis y a los que el covid-19 ha puesto en situación muy delicada. Necesitamos un Plan Estratégico por la Industria que recoja las singularidades que tenemos en Asturias y haga que nuestras empresas sean competitivas, posibilitando un desarrollo industrial amplio y una transición justa que no deje a nadie atrás. Para ello va a haber fondos europeos y necesitamos tener proyectos sólidos y solventes que puedan acceder a esa financiación.

En este inicio de septiembre se produce la reanudación de la actividad en las empresas y centros escolares, lo que incrementa el riesgo de entrar en contacto con el virus. El derecho a la salud debe ser la prioridad en la vuelta a la actividad y en línea con ello, hay que recordar que las empresas tienen la obligación de garantizar la salud de los trabajadores y trabajadoras. Además deben establecer planes de contingencia y protocolos de actuación consensuados con los trabajadores frente al coronavirus y garantizar de forma específica la protección de los trabajadores especialmente sensibles. También va a ser necesario mantener la protección social y abordar cuestiones pendientes como las relacionadas con la Ley del teletrabajo, o las carencias de la educación a distancia en nuestro país, y que cuanto antes sea una realidad el subsidio extraordinario para personas desempleadas sin prestación. Y, en la mesa nacional de diálogo social, es fundamental derogar de una dichosa vez la última reforma laboral del año 2012, que tanto daño ha hecho a los trabajadores y trabajadores.

En Asturias necesitamos que se terminen todas las obras de infraestructuras de comunicación, como la Variante de Pajares, la autopista del mar o el Tercer carril de la “Y”, y que el área metropolitana sea una realidad. Solo así podremos hacer una Asturias atractiva para ser receptores de nuevos inversores y nuevas empresas que se instalen aquí y alejar las amenazas de deslocalización de nuestras empresas.

Necesitamos también acabar con los asesinatos machistas de las mujeres. La figura de la Delegada de igualdad tiene que ser una realidad en nuestra región antes de noviembre, así como el Registro oficial de planes de igualdad. Tenemos que poner en marcha asimismo las medidas que garanticen que nadie muera por el simple hecho de ir a trabajar; porque cada vez se producen más muertes, y tenemos que asegurar el cumplimiento de la Ley de prevención de riesgos laborales, con más labores de vigilancia y control por parte de la Inspección de Trabajo.

En la Unión General de Trabajadores apostamos por acelerar la reconstrucción económica y social para lograr una recuperación digna, con garantías y con futuro, impulsando las políticas necesarias para ello. Por eso hay que aprovechar los Fondos Europeos para la reconstrucción para acometer las transformaciones pendientes, como el cambio hacia un modelo productivo social y ambientalmente justo que priorice los sectores con valor añadido que generan empleo de calidad y con derechos.  

El Covid-19 ha puesto de manifiesto la importancia de nuestro el Estado de Bienestar y la necesidad de potenciar unos servicios públicos fuertes que proporcionen a los ciudadanos los servicios que necesitan, pero para ello precisamos un sistema impositivo que distribuya la riqueza que se genera en nuestro país.

Iniciamos por tanto este nuevo curso con muchos retos por delante y en un marco en el que el acuerdo a todos los niveles es una obligación de todos los interlocutores económicos, sociales y políticos, al que nadie puede dar la espalda. Porque necesitamos unos Presupuestos en este país que den cobijo y garantías a las ayudas económicas que van a venir de Europa; porque necesitamos Presupuestos en Asturias para el próximo año para hacer frente eficazmente a las consecuencias de esta pandemia y poner en marcha las medidas que acabamos de firmar en la concertación regional. La Unión General de Trabajadores estará siempre para construir, para buscar los consensos con todos y a todos los niveles, para que ninguna persona se quede atrás.

Concertar el desconcierto

Concertar el desconcierto. Puede parecer una frase fácil, pero la realidad es que la Concertación para la recuperación de Asturias (CREA) que acabamos de firmar era más necesaria que nunca para, cuanto antes, empezar a poner en marcha medidas económicas y de protección social dentro del desconcierto generalizado que esta crisis sanitaria trajo consigo.

Porque fue impredecible y sus consecuencias sanitarias, económicas y sociales aún lo son más; por eso es obligación de los gobiernos y de los agentes económicos y sociales buscar de forma rápida un acuerdo que nos permita evitar la destrucción masiva de empleo que el cierre de empresas, la baja tasa de actividad y el decrecimiento económico pueden traer consigo.

El acuerdo suscrito es una concertación de dos velocidades, con unas medidas que hay que poner en marcha de manera inmediata y otras que va a ser necesario ir desarrollando durante el próximo año y medio. En el contexto actual no es posible firmar una concertación para cuatro años porque desconocemos en qué situación estaremos en septiembre, cómo evolucionará esta pandemia y qué medidas habrá que adoptar en cada momento.

Por lo tanto, el acuerdo que hemos firmado será vivo, para ir incorporando todas aquellas cuestiones que en cada momento sea necesario abordar y resolver, y confiando en que a finales del próximo año tengamos una situación sanitaria más estable, y por tanto un mayor conocimiento de las necesidades y repercusiones económicas, así como de los recursos económicos presupuestarios -regionales, estatales y vía fondos europeos-, para abordar con más precisión una segunda fase de la concertación para los años 2022 y 2023.

En esta primera fase se incluyen más de 180 medidas, que supondrán unos 640 millones de euros actuando sobre cinco ejes generales: sanidad, educación y protección social; impulso a la industria; empleo y seguridad; reactivación empresarial e igualdad entre mujeres y hombres.

Cinco ejes que, entre otras cuestiones, acometerán la necesidad de reforzar la asistencia sanitaria -sobre todo la de atención primaria-, el servicio de vigilancia epidemiológica, las figuras de coordinación entre las residencias y las áreas sanitarias, la investigación frente al COVID-19, la creación de una reserva estratégica frente a la pandemia y una central de compras, el refuerzo de la educación digital con infraestructuras y formación, la reducción de las brechas digitales, intensificar la protección social, garantizar la vivienda, la redacción de un plan industrial, la creación de la Agencia asturiana de ciencia e innovación, el impulso a los proyectos para la transición energética, la mejora de las ayudas a pymes y autónomos en sectores como turismo, hostelería, comercio, construcción, transporte o cultura.

Incorpora también iniciativas para ordenar la movilidad a través del sistema publico de transporte, el impulso a las infraestructuras de comunicación que tenemos pendientes en Asturias, el desarrollo de las nuevas tecnologías, el acceso digital a servicios públicos y la garantía en la contratación pública de las clausulas sociales, laborales, medioambientales y en materia de igualdad.

CREA integra además medidas para potenciar el Instituto asturiano de prevención de riesgos laborales, continuar con la comisión de seguimiento de los ERTES, fomentar la formación dual y ejecutar todos los programas de las políticas activas de empleo. Pondremos en marcha la figura de los agentes de Igualdad y elaboraremos un Plan de corresponsabilidad del Principado de Asturias, así como la creación del registro oficial de planes de igualdad.

Esta concertación tiene que servir para poner en valor la capacidad de consenso, y ello debe ser ejemplo para que también existan acuerdos en el Parlamento asturiano. Y, por supuesto, tiene que servir para que se refuercen los servicios públicos y se garantice el empleo de manera que nadie en esta crisis se quede atrás; también para recordar a las victimas del COVID-19 y agradecer el trabajo de todas las personas de servicios esenciales.

El casco, como la mascarilla

En ningún caso la vuelta a la normalidad, la recuperación paulatina de la actividad productiva, debe suponer una escalada del número de muertes por accidente de trabajo. En España, llevamos en lo que va de año 288 muertes -a fecha de mayo-, un 15% más que en el mismo periodo del año pasado. 11 de esas muertes se han producido en Asturias y 3 de estas 11 tuvieron lugar tras el periodo del confinamiento.

Esto no puede ser. Tan importante como ponerse la mascarilla es ponerse el casco; la vuelta al trabajo debe hacerse en plenas condiciones de seguridad frente al riesgo de contagio del virus y con todas las medidas de protección colectiva y garantía de uso de los equipos de protección individual por parte de los trabajadores y trabajadoras.

La situación actual debida al COVID-19 no debe conllevar la más mínima relajación por parte de empresas, organismos de vigilancia y control o servicios de prevención ajenos. Porque si hay un momento indicado para velar por el cumplimiento estricto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es este.

Tiempo habrá de actualizarla. Es sabido que una de nuestras demandas en esta materia es que tras más de dos décadas de vigencia, la ley se adapte a las nuevas realidades de las empresas, a los nuevos modelos productivos y procesos de fabricación basados en robotización, digitalización, inteligencia artificial, etc. También es ineludible una revisión del cuadro de enfermedades profesionales, que apenas ha variado desde su publicación en 2006 y no contempla la aparición de nuevos riegos ligados a las nuevas tecnologías.

Pero los últimos accidentes en Asturias, a expensas del resultado de la investigación, son accidentes que nunca debieron habido producirse, porque están relacionados con cuestiones tan básicas en cualquier puesto de trabajo como el uso del casco, o la observancia de los procedimientos establecidos.

A la vista de la situación, hemos tenido una reunión urgente con el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL), la Inspección de Trabajo y la Federación Asturiana de empresarios, donde hemos acordado reanudar y potenciar las labores de vigilancia y control en materia de salud laboral en las empresas, tanto por parte de la Inspección como de los Delegados de Prevención del IAPRL.

También hemos acordado iniciar una serie de reuniones con los servicios de prevención ajenos, porque son los que tienen que garantizar que se cumplan los planes de seguridad en las empresas. No se trata de tener los manuales, las evaluaciones de riegos o los planes de emergencia adornando las estanterías de los despachos de las empresas. Tienen que ser documentos vivos, que impliquen manuales de acogida y cursos formativos, para que realmente los trabajadores trabajen en plenas condiciones de seguridad. Porque al final el papel lo aguanto todo, pero el cuerpo y la salud no.

Además acordamos llevar a cabo una campaña de sensibilización para volver a situar en primera página la necesidad de trabajar con seguridad, porque con la urgencia de recuperar otra vez la actividad, no se le está prestando la atención debida a la salud laboral.

Desde luego que seguiremos reivindicando la aprobación de una nueva Estrategia española de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se deje de considerar la prevención una obligación y la convierta en un derecho. También que aumenten los recursos humanos y económicos de los Institutos de Salud y Seguridad en el Trabajo y que se refuerce la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, que en la actualidad cuenta con una de la ratios de inspectores por población ocupada más baja de Europa. Y conseguiremos derogar la reforma laboral, porque la precariedad mata.

A veces tengo la sensación de que los accidentes en el trabajo, las muertes, se ven con cierta normalidad, como si fuese algo consustancial al mundo laboral; como una maldición ante la que no se puede hacer nada más que lamentar, desear que no vuelva a ocurrir, y vuelta a la normalidad.

Repito: esto no puede ser. Se pueden y se deben de hacer muchas cosas que terminen con esta lacra. No podemos consentir que los trabajadores y trabajadoras mueran por el simple hecho de ir a trabajar.

La necesidad de regular el teletrabajo

Una de las muchas consecuencias que ha traído la crisis del COVID-19 es que se puede y se debe trabajar de otra manera. De la necesidad virtud: ahora se ha visto que trabajar desde casa, que antes parecía imposible, y de hecho era algo anecdótico, no solo es factible, sino necesario.

No nos engañemos. Lo que hemos hecho durante el confinamiento no es teletrabajar, sino trabajar a distancia. El teletrabajo es un figura de nuestra legislación laboral que apenas está regulada y que prácticamente ninguna empresa utilizaba porque, por un lado, por parte empresarial existía miedo al cambio, a no controlar al personal, y porque también la mayoría de nuestras empresas son micropymes y apenas disponían de recursos para instaurar esta figura.

Pero lo que ha quedado claro es que el teletrabajo es una herramienta necesaria, que ha venido para quedarse. Su uso se ha multiplicado durante el confinamiento y se mantiene en este periodo de vuelta a la normalidad. Por tanto, es necesario regularla, para tener seguridad jurídica.

Así, estamos negociando con el Gobierno y la CEOE esta modalidad de trabajo, porque es necesaria una ley que la regule, pero desde el diálogo social, para que no confronte y su implantación se lleve a cabo con naturalidad. También para garantizar que se potencian todas las virtudes que presenta y se reducen a la mínima expresión los defectos, que también los tiene.

En UGT pensamos que el teletrabajo tiene que ser equilibrado, con 1 o 2 días a la semana; adaptado a la realidad de nuestro sistema productivo y con garantía de condiciones y derechos laborales. Además, tiene que tener carácter voluntario y garantizar la igualdad de trato y no discriminación. Todos los trabajadores deberán tener los mismos derechos que si prestasen el servicio en el centro de trabajo, manteniendo los mismas condiciones laborales en retribución, estabilidad en el empleo y promoción profesional. Es imprescindible que exista un registro horario para el inicio y la finalización de la jornada, y que se garantice la desconexión digital. Se debe dotar al trabajador de los medios necesarios para su desarrollo, sufragando por tanto los gastos que tienen que que ver con equipos y medios necesarios para el desempeño. Y las administraciones tendrán que velar para que no exista brecha digital al tiempo que las empresas deberán asegurar la formación en competencias digitales.

En ningún caso el teletrabajo puede suponer una pérdida de protección en materia de seguridad y salud laboral, ni una nueva forma de precariedad laboral; y bajo ningún concepto debe entenderse como un instrumento para la conciliación laboral y familiar que a la postre se convierta en una trampa mortal para las mujeres que perpetúe el rol de cuidadoras. Por eso el teletrabajo tiene que estar dentro de los planes de igualdad de las empresas garantizando que no va a suponer un retroceso en el ámbito laboral para las mujeres.

Somos conscientes de que el Gobierno tiene prisa por instaurar una ley que regule y desarrolle el teletrabajo ante los nuevos rebrotes que puedan surgir de esta pandemia; pero tan importante como que exista una norma es que ésta sea útil, esté consensuada en el marco del diálogo social con empresarios y sindicatos y se desarrolle en la negociación colectiva de las empresas y sectores para regularla más al detalle en función de cada realidad específica.

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