Este año no podemos celebrar el Día internacional de las personas de edad, pues esta maldita pandemia del COVID-19 se ha llevado por delante a más de 380 mayores en Asturias y a más de 20.000 en España. Y es que siempre que hay una crisis, causada por lo que sea, son nuestros mayores uno de los colectivos más perjudicados.
No hace falta ir muy atrás: en la crisis del año 2008, fueron nuestros jubilados y pensionistas quienes, dentro de la política austericida desarrollada en nuestro país, pagaron la salida de la misma con recortes en sus pensiones, aumentando los copagos sanitarios, reduciendo las partidas económicas para dependencia, y sufriendo los recortes del sistema público de salud. Recortes en recursos económicos, humanos, técnicos y logísticos, con lo que esto supone para el colectivo de mayores, mucho más vulnerable y necesitado de los servicios sanitarios. La reducción de la cobertura en atención primaria, atención domiciliaria, el aumento de las listas de espera, etcétera, puso en peligro sus vidas y, cuando menos, la calidad de las mismas.
En la pandemia actual, el coste en vidas humanas de nuestras personas mayores está siendo muy elevado, y todavía hay quien se atreve a pensar que los que no han muerto tienen que seguir pagando la crisis con sus pensiones; y para afianzar estos argumentos confrontan a nuestros jubilados y pensionistas con los jóvenes; o con la economía, o con lo que sea.
Y mientras tanto, nuestros mayores siguen aportando al 25% de los hogares el principal volumen de ingresos; siguen acogiendo a sus hijos e hijas que han perdido el trabajo otra vez; o continúan cuidando a sus nietos para que nosotros podamos trabajar, en una labor de valor incalculable, pues además de cuidarles, les enseñan, les educan, les dan cariño y les ofrecen protección en unas edades vitales para su crecimiento y desarrollo.
Tenemos que volver a humanizar nuestra economía y nuestra sociedad, y eso pasa por exigir que se ponga en marcha cuanto antes una Ley integral de derechos de las personas mayores, que contenga una protección específica a nuestros mayores en todos los ámbitos tanto de salud, vivienda, protección social, económica y jurídica.
También en el ámbito de la cultura el ocio, y siempre garantizando el ejercicio de los derechos de las personas mayores, la no discriminación por razón de edad, la igualdad de oportunidades y la atención prioritaria en situaciones de máxima vulnerabilidad. Además, esta ley debe garantizar que el envejecimiento activo sea una realidad con la participación de las personas mayores en la vida pública, tanto social como económica y política.
Pero esta norma solo tendrá sentido si toda la comunidad política, económica y social asume la importancia de atender, proteger y presumir de nuestras personas mayores. Eso se demostrará consensuando unos Presupuestos Generales del Estado y del Principado de Asturias que contengan las partidas económicas necesarias para proteger a este colectivo al grito de Nunca más recortes en nuestros sistemas públicos de pensiones, de salud pública, de dependencia, de protección social; eliminando de una vez el copago sanitario y la brecha salarial entre hombres y mujeres, que luego lo acaba siendo también en las pensiones.
Claro que, para todo esto, lo primero que debemos tener claro todos en este país es que el envejecimiento no es un problema, una rémora, una carga, o un mal divino; es simplemente un logro de toda una sociedad moderna que gracias a la investigación y a la innovación hemos conseguido alargar nuestra esperanza de algo tan valioso como es la vida.
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