El casco, como la mascarilla

En ningún caso la vuelta a la normalidad, la recuperación paulatina de la actividad productiva, debe suponer una escalada del número de muertes por accidente de trabajo. En España, llevamos en lo que va de año 288 muertes -a fecha de mayo-, un 15% más que en el mismo periodo del año pasado. 11 de esas muertes se han producido en Asturias y 3 de estas 11 tuvieron lugar tras el periodo del confinamiento.

Esto no puede ser. Tan importante como ponerse la mascarilla es ponerse el casco; la vuelta al trabajo debe hacerse en plenas condiciones de seguridad frente al riesgo de contagio del virus y con todas las medidas de protección colectiva y garantía de uso de los equipos de protección individual por parte de los trabajadores y trabajadoras.

La situación actual debida al COVID-19 no debe conllevar la más mínima relajación por parte de empresas, organismos de vigilancia y control o servicios de prevención ajenos. Porque si hay un momento indicado para velar por el cumplimiento estricto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es este.

Tiempo habrá de actualizarla. Es sabido que una de nuestras demandas en esta materia es que tras más de dos décadas de vigencia, la ley se adapte a las nuevas realidades de las empresas, a los nuevos modelos productivos y procesos de fabricación basados en robotización, digitalización, inteligencia artificial, etc. También es ineludible una revisión del cuadro de enfermedades profesionales, que apenas ha variado desde su publicación en 2006 y no contempla la aparición de nuevos riegos ligados a las nuevas tecnologías.

Pero los últimos accidentes en Asturias, a expensas del resultado de la investigación, son accidentes que nunca debieron habido producirse, porque están relacionados con cuestiones tan básicas en cualquier puesto de trabajo como el uso del casco, o la observancia de los procedimientos establecidos.

A la vista de la situación, hemos tenido una reunión urgente con el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL), la Inspección de Trabajo y la Federación Asturiana de empresarios, donde hemos acordado reanudar y potenciar las labores de vigilancia y control en materia de salud laboral en las empresas, tanto por parte de la Inspección como de los Delegados de Prevención del IAPRL.

También hemos acordado iniciar una serie de reuniones con los servicios de prevención ajenos, porque son los que tienen que garantizar que se cumplan los planes de seguridad en las empresas. No se trata de tener los manuales, las evaluaciones de riegos o los planes de emergencia adornando las estanterías de los despachos de las empresas. Tienen que ser documentos vivos, que impliquen manuales de acogida y cursos formativos, para que realmente los trabajadores trabajen en plenas condiciones de seguridad. Porque al final el papel lo aguanto todo, pero el cuerpo y la salud no.

Además acordamos llevar a cabo una campaña de sensibilización para volver a situar en primera página la necesidad de trabajar con seguridad, porque con la urgencia de recuperar otra vez la actividad, no se le está prestando la atención debida a la salud laboral.

Desde luego que seguiremos reivindicando la aprobación de una nueva Estrategia española de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se deje de considerar la prevención una obligación y la convierta en un derecho. También que aumenten los recursos humanos y económicos de los Institutos de Salud y Seguridad en el Trabajo y que se refuerce la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, que en la actualidad cuenta con una de la ratios de inspectores por población ocupada más baja de Europa. Y conseguiremos derogar la reforma laboral, porque la precariedad mata.

A veces tengo la sensación de que los accidentes en el trabajo, las muertes, se ven con cierta normalidad, como si fuese algo consustancial al mundo laboral; como una maldición ante la que no se puede hacer nada más que lamentar, desear que no vuelva a ocurrir, y vuelta a la normalidad.

Repito: esto no puede ser. Se pueden y se deben de hacer muchas cosas que terminen con esta lacra. No podemos consentir que los trabajadores y trabajadoras mueran por el simple hecho de ir a trabajar.

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