INGRESO MINIMO VITAL

Desde el lunes 15 de junio ya se puede solicitar el Ingreso Mínimo vital, que tendrá un importe mínimo de 461,50 euros al mes, por 12 mensualidades, para una persona que vive sola, aumentándose hasta los 1.015 euros dependiendo de las cargas familiares, y la podrán reclamar las personas entre 23 y 65 años con unos requisitos familiares y económicos específicos, y es una reclamación histórica de la UGT, que llevamos al parlamento a través de una Iniciativa Legislativa popular hace más de cuatro años, y que a nuestro juicio era más inclusiva porque daba cobertura a muchas más familias, en todo caso y a pesar del menos precio de algunos grupos políticos a esa medida y del retraso en ponerse en marcha, constituye un hito social en la lucha contra la pobreza, que refuerza nuestro estado del bienestar, que va a permitir que millones de personas salgan del umbral de la pobreza, pues hay que tener en cuenta, que a raíz del COVID-19 hay un millón de desempleados más, de los cuales el 40% no cobra ninguna prestación, que uno de cada cuatro hogares está en riesgo de pobreza o exclusión social, que 700.000 hogares no tienen ningún ingreso, y que más de un millón de hogares tiene a todos sus miembros en paro, a esto sumamos 33.000 personas sin hogar y 12 millones de personas en riesgo de pobreza. Una realidad, que agravaba la situación precedente, ya grave, de una parte importante de la población, y que exigía el impulso de esta renta desde hace ya dos meses, y que debió estructurarse en dos partes, una renta extraordinaria y urgente para dar una solución inmediata a las personas que se vieron confinadas en sus casas sin ningún tipo de prestación y sin posibilidad de buscar trabajo, y otra renta con carácter permanente, sin tantas prisas, y que debería haber sido negociada y pactada con los sindicatos. Tenemos que tener claro que esta prestación no es la solución al problemas, las personas lo que quieren es trabajar y tener por si solos una expectativa de vida y un plan de futuro, pero mientras esto no sea posible esta renta tendrá que perdurar mientras persista la situación de vulnerabilidad familiar y que debe posibilitar que, quienes accedan a la misma, a través de medidas de fomento del empleo, puedan finalmente ingresar de nuevo en el mercado de trabajo, y en todo caso puedan tener una plena inserción social, por eso además de la labor de acompañamiento de los servicios sociales, es fundamental un seguimiento permanente de cada beneficiario por parte de los orientadores de los Servicios Públicos de Empleo, con un desarrollo de los itinerarios de formación específicos para conseguir la mayor empleabilidad a corto plazo. Y esta renta vital es además una medida que por ser mínima y vital va directamente al consumo y está dentro de la necesidad que venimos reclamando en nuestro país de poner en marcha un Plan para incentivar el consumo, sobre todo de productos que fabriquemos en España. Pero necesitamos más y Europa no puede quedarse atrás, el futuro de la democracia, la economía y la cohesión social europeas está en juego. Es necesaria una Europa más justa caracterizada por la solidaridad, los derechos y la justicia social. Tenemos que conseguir que de esta crisis ninguna persona salga perdiendo y se nos quede por el camino, que no lo acaben pagando los colectivos más desfavorecidos, y que la sociedad no aumente en desigualdades entre los que más y menos tienen y entre hombres y mujeres, nadie tiene derecho a ser pobre, a vivir bajo la condena de la exclusión social, pues como digo siempre las empresas, el sistema financiero, nuestro sistema de sociedad no deja de ser un instrumento al servicio de las personas, de su desarrollo vital, de sus derechos y de sus libertades. Este es un mundo para las personas y todos tenemos cabida en él.