DIA INTERNACIONAL  DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El 28 de abril es el día Internacional de la Salud y la Seguridad en el trabajo, y todos los años recordamos la cantidad de trabajador@s que están detrás de las estadísticas de accidentes y enfermedades laborales, que según la OIT cada año mueren en el mundo más de 2 millones de personas debido a la actividad laboral, y denunciamos la precariedad laboral que está en el origen de esta lacra social, y que no mejora de un año a otro, sino al contrario, en los dos primeros meses de este año llevamos casi tantos accidentes mortales como los que se produjeron todo el año pasado, y por eso venimos de manera continuada proponiendo cambios en la normativa y en las políticas. Pero este año es diferente, porque nos enfrentamos a una crisis mundial de salud pública inédita hasta ahora, que ha sobrepasado los límites de nuestro sistema sanitario, y que ha paralizado la actividad económica de nuestro país, condenando a much@s trabajador@s y matando a miles de personas, dejando, desgraciadamente, constancia de lo que siempre ha defendido y denunciado la UGT, que la salud laboral forma parte indisociable de la salud pública y que las políticas de austeridad, como receta única para salir de la anterior crisis económica, trajeron consigo recortes de los servicios públicos como la sanidad y una reducción de las inversiones en prevención de riesgos laborales en las empresas y de políticas públicas activas en materia preventiva

Por esto más que nunca es necesario una actualización completa de la ley de PRL, que se inicie, en el margen del dialogo social, las negociaciones para la aprobación de una nueva Estrategia española de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se deje de configurar la prevención como una obligación para que de verdad se convierta en un derecho, acabe con la ineficacia que supone la externalización de la gestión a través de servicios de Prevención ajenos que en muchos casos se han limitado a tramitar la documentación requerida para cumplir con la ley desde un punto de vista formal, y que con la llegada del COVID-19 han desaparecido, que se dejen de reducir las plantillas de los Institutos de Salud y Seguridad en el trabajo, y que se refuerce la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, que en la actualidad cuenta con una de la ratios de inspectores de trabajo por población ocupada más baja de Europa, además de una revisión periódica del listado de Enfermedades Profesionales que apenas ha sido revisada desde su publicación en 2006, donde la aparición de las nuevas tecnologías trajo consigo la aparición de nuevos riesgos que al no ser reconocidos es como si no existiesen a efectos de su prevención y protección, y lo que no se previene no se combate y puede terminar en muerte.

Y es fundamental en la actual situación del COVID-19, que las empresas faciliten a tod@s l@s trabajador@s las medidas de protección colectiva, sobre todo de distanciamiento social, y todos los EPI que sean necesarios para evitar el contagio propio y ajeno del virus, y donde no se pueda garantizar es obligación de los delegados de prevención, de las empresas y del gobierno que las empresas cierren o no reabran su actividad, porque no se puede contraponer el trabajo a la salud y a la vida.