
Esta tiene que ser una legislatura de recuperación social y de derechos y ha llegado el momento de “derogar la Reforma Laboral”, que no es más que suprimir en algunos casos y en otros modificar, los cambios que en el año 2012, introdujo en el Estatuto de los Trabajadores el gobierno del PP, como única solución para salir de la crisis, y que a la postre no sirvió más que para sumarnos a la erronea política austericida que la UE había puesto en marcha, con el objetivo de que fuésemos los trabajadores quienes pagásemos con nuestos empleos, con nuestros contratos y con nuestros salarios, una crisis que en ningún caso habíamos generado nosotros, y que desde el mismo momento que se público, para la UGT su derogación se ha convertido en un eslogan y en un objetivo fundamental, que entre otras cosas nos llevo a convocar una huelga general.
Efectivamente la Reforma laboral 2012 ahondo mucho más que la del año 2010 donde ya se facilitaba más el despido libre que existe en nuestro país mediante el recorte de las indemnizaciones por despido, y ocho años después podemos concluir que lo único que ha generado, entre otras muchas cosas, es destrucción de empleo, aumento de la contratación temporal, aumento exponencial de la contratación a tiempo parcial, pérdida salarial, aparición del concepto de trabajador pobre, recorte de las prestaciones por desempleo, y aumento del número de parados de larga duración, debilitando como nunca la negociación colectiva, confiriendo todo el poder al empresariado. Si a esto añadimos la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones, los recortes de los subsidios, nos podemos hacer una idea clara de que no solo los trabajadores fuimos los que sufrimos más crudamente la crisis, si no que se intento volver a hacer competitivo este país a nuestra costa, sobre todo de las mujeres y de los colectivos más desfavorecidos.
Ahora con un gobierno de izquierdas y con la agenda social como biblia, ya estamos trabajando para volver a recuperar derechos, y a situarnos en la normativa laboral previa a la reforma laboral del año 2012, como punto de partida necesario para abordar la negociación de un nuevo Estatuto de los trabajadores, el actual data del año 1980, que tanto necesita este país para situar la normativa laboral en la sociedad del año 2020, y que ya no puede hacerse parcheando la actual normativa.
Dando por sentado que hay acuerdo para suprimir el aberrante artículo 52.d del Estatuto, que permite el despido por motivos de salud justificada, el trabajo se centra en tres bloques, como son la negociación colectiva, la contratación y el despido. En el primero de ellos, a juicio de la UGT, solo cabe aplicar derogación, es decir, entre otras cosas, hay que recuperar la ultraactividad, y volver a la prevalencia del convenio sectorial por encima del convenio de empresa, así como suprimir la regulación actual de los descuelgues de convenio. En el bloque de los despidos es necesario modificar la causalidad de los despidos, recuperar la autorización administrativa de los ERTES y ERES para que no haya en el despido barra libre para las empresas; y en el caso de la contratación tiene que ser el contrato indefinido el habitual, así como la jornada completa, garantizando la vigilancia para evitar el uso fraudulento de la contratación temporal y el abuso del contrato a tiempo parcial.
Para todo esto es más necesario que nunca el consenso de los empresarios y los sindicatos, estamos condenados a entendernos, porque lo que sale del acuerdo, se asume de forma natural por las partes y por lo tanto se convierte en compromiso y garantía de cumplimiento, y por tanto mucho más natural y eficaz que lo que ningún gobierno pueda imponer desde el parlamento, por tanto confío en que el espíritu del acuerdo del SMI nos sirva de ejemplo.
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