
Mucho hemos hablado, en los últimos dos años, del Estatuto Electrointensivo, donde la exigencia de su aprobación se convirtió en un eslogan reivindicativo de toda la clase social, económica y política de Asturias, tanto que su propia existencia se convirtió en una necesidad de primer orden, y erróneamente, un objetivo en sí mismo. Nada más lejos de la realidad, la exigencia de un Estatuto Electrointensivo se venía reivindicando desde hace muchos años, prácticamente desde que se dejo de aplicar en el 2008 la Tarifa eléctrica G4, y cuya urgencia vino dada por la decisión de la empresa Alcoa de cesar la actividad de producción del aluminio y el consiguiente cierre de sus instalaciones en Avilés y la Coruña, que pretendía dejar en la calle a muchos trabajadores directos e indirectos en esa comarca Asturiana, porque fue en esas negociaciones del año 2018 donde conseguimos arrancar un compromiso del ministerio de Industria para la puesta en marcha en un plazo de 6 meses de este Estatuto, que finalmente no se cumplió y que tardíamente en estos días ha visto la luz. La exigencia era clara, se trataba de que nuestras empresas intensivas en consumo eléctrico para producir, pudiesen tener un coste €/MWh competitivo, es decir que nos situase al mismo que tienen países como Alemania y Francia, incluyendo además un tarifa especial para aquellas empresas altamente electrointensivas, es decir aquellas basadas en fundición de metales como el acero, el aluminio, el zinc, que tienen un porcentaje de energía sobre el producto mayor del 25% .
La realidad que tenemos hoy del borrador del Estatuto, y a espera de conocer el documento definitivo una vez analizadas las alegaciones que entre otros FICA-UGT ha presentado, es que estamos muy lejos del coste energético que tienen países como Alemania o Francia que pagan de menos una media de 20 €/MWh, y esto es así porque de los tres componentes de la factura eléctrica, precio de la energía, cargos del sistema (“peajes”) e impuestos, nos encontramos que en España la energía es más cara, pagamos más “peajes” y tenemos menos compensación indirecta de CO2, y además a diferencia de Alemania ya no tenemos subasta de interrumpibilidad.
Con esta situación va a ser muy difícil que nuestra industria en España sea competitiva, y por supuesto mucho menos la que tenemos aquí en Asturias, por lo tanto necesitamos que el documento definitivo del estatuto, en el apartado de la compensación de costes indirectos de CO2, se establezca la obligatoriedad de que se aplique de manera automática todos los años la compensación máxima que permite la UE que actualmente está en un 25%, y además no esté condicionado a que venga recogido en los presupuestos generales del estado, que este año podría estar por encima de los 260 millones de euros, sobre los 200 que tuvimos el año pasado, de los que solo aprovechamos 170 millones.
En el apartado del coste de la energía, necesitamos, entre otras muchas cosas, en lo relacionado con las PPA, certidumbre de costes y además de obligaciones para la empresas que se certifiquen como electro intensivas necesitamos introducir obligaciones también para las empresas eléctricas, para que nadie salga con ventaja en las negociaciones de este tipo de contratos energéticos a largo plazo, por lo demás debemos incidir en el precio exclusivo de la energía a pesar de que España no deja de ser una isla energética, entre otras cosas, porque solo tenemos un nivel de interconexión del 5%, cuando Alemania tiene más del 40%.
En el apartado de exención del 85% de determinados cargos del sistema como son los peajes por renovables, cogeneración y extrapeninsulares, y que según el borrador del estatuto suponen 92 millones de euros, va a suponer una desventaja para la industria asturiana altamente intensiva porque son las que menos peaje unitario pagan por ser las que más consumo eléctrico tienen y por tanto los que menos compensación unitaria van a tener, y que posiblemente de estos 92 millones solo se podrán beneficiar aproximadamente de 12,5 millones de euros, y por tanto se hace necesario que esta exención del 85% cuando menos sea sobre todos los costes derivados de la financiación indirecta de renovables, cogeneración y extrapeninsulares, y digo esto porque debemos recordar que la factura eléctrica se compone de 3 apartados, coste de la energía, costes del sistema e impuestos y de esto último el Estatuto Electrointensivo se ha olvidado, y si bien es cierto que como dice la Ministra de transición ecológica, en el momento que introduzcamos renovables el precio de la energía va a bajar, también va a bajar para el resto de los países, y el objetivo no es tanto que baje, como que baje comparativamente con respecto a las potencias europeas con las que competimos.
Poco ayuda Europa en este sentido, donde las trabas siempre se ponen a los mismos países, generalmente a los que cumplen con los planes del cambio climático. Si se trata de los fondos verdes reciben menos ayudas los que contaminan menos, si se trata del coeficiente de intensidad industrial para calcular las compensaciones por emisión de CO2, resulta que tenemos un coeficiente de 0,57 menor del que tienen otras países que contaminan más (Alemania, Francia de 0,76), por lo que recibimos menos compensaciones, si hablamos de la subasta de interrumpibilidad resulta que esta no nos la permite la UE, pero sin embargo Alemania la tiene y para nuestra industria altamente electrointensiva supuso en el año 2017 unos 120 millones de euros, y para cuya pérdida todavía no hemos encontrado una alternativa y no parece que este estatuto actual lo vaya a ser. Por parte del gobierno de este país se hace se hace urgente una posición firme en ajustes en frontera, en fondos Verdes y en Compensaciones de CO2 para que ya que somos los campeones de Europa en cumplir con los acuerdos del cabio climático no seamos los perdedores a la hora de hacer una transición ecológica justa y de mantener la competitividad de la industria asturiana, motor de nuestra economía que tira del resto de actividades económicas de nuestra región
Desde UGT hemos presentado alegaciones que recogerán todas nuestras propuestas para que ahora que tenemos el instrumento, cumpla de verdad con su fin, que no es más que apostar por la industria, especialmente la altamente electrointensiva, haciéndola competitiva, con la máxima garantía del empleo, por la vía de tener costes energéticos similares a los de otros países de la UE.
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