ALTERNATIVAS PARA EL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES

La sostenibilidad de las pensiones es uno de los mayores retos que debe afrontar nuestro país tras más de diez años de austeridad y políticas de recortes a golpe de Real decreto.

En primer lugar hay que decir que el sistema público de pensiones está siendo objeto de una gran mentira, trenzada por grupos políticos de derechas, sistema financiero y sectores empresariales con el fin de convencernos de que la sostenibilidad de las pensiones es un problema técnico y no político.

Y no, no es un problema de falta de recursos, sino de distribución de la renta, porque no depende de cuántos producen o cotizan, sino de cuánto se produce. Hay que empezar, por tanto, a hablar de productividad y ser conscientes de que hace cincuenta años se necesitaban muchos más trabajadores que ahora para producir lo mismo. Por eso el sistema no debe nutrirse solo de las cotizaciones de los trabajadores, sino de la productividad y de los beneficios empresariales. Es lo que estamos llamando “cotizaciones de los robots”, que significa que hay que gravar la productividad, las rentas del capital y las rentas empresariales.

No es verdad tampoco que el incremento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad pongan en peligro el sistema y lo lleven al borde de la quiebra. Si esto fuese así, la solución sería tan sencilla como abrir la frontera a las personas inmigrantes.

Tenemos que tener en cuenta también que la Seguridad Social no es algo distinto del Estado. El artículo 50 de la Constitución española establece que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. Por tanto, las pensiones tienen la consideración de gastos obligatorios, que no tienen que estar ligados a la suficiencia de recursos presupuestarios. El Estado, por tanto, tiene que garantizarlas, ya sea con cotizaciones o con cualquier otro impuesto.

Nuestro sistema de pensiones, basado en la solidaridad social, se ha deteriorado tanto en los últimos tiempos que el fondo de reserva actual pasó de 66.800 millones de euros en 2011 a prácticamente agotarse en 2019. En esta situación se basó el Partido Popular para llevar a cabo la reforma de las pensiones del año 2013 y ha sido argumento para pretender la privatización o intentar sanear las cuentas por la vía de imponer más recortes a los pensionistas. Recortes que serían inadmisibles, puesto que el 50% de las pensiones está por debajo del salario mínimo interprofesional, el 70% son inferiores a 1.000 euros mensuales y el 38% de los pensionistas están por debajo del umbral de pobreza, cuando además para el 30% de las familias la pensión supone la principal fuente de ingresos.

Desde la UGT venimos exigiendo que las pensiones suban en línea con el IPC, para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo.

Además, es preciso saber que España gasta en pensiones por debajo de la media de la zona euro, un 12,4% del Producto Interior Bruto frente al 13,2% de promedio de la zona euro. Esta diferencia también se presenta si hacemos la comparación con países concretos de nuestro entorno: Italia invierte el 15,9% de su PIB, Portugal el 14,3% y Francia  el 15% y Grecia el 16,5%. En el año 2050, que es cuando llegarán a la jubilación las generaciones del baby boom, se calcula que tendremos que dedicar a pensiones el 14% del PIB, es decir, menos de lo que destinan hoy Grecia, Portugal, Francia, etc.

Por otro lado, la media de cotización en España, que es de 35 años, coincide con la europea, mientras que la edad de jubilación en nuestro país se sitúa en 64 años, dos más, por ejemplo, que la de Alemania.

Parece claro, pues, que el problema de nuestro sistema público de pensiones no radica en el exceso de gasto, sino en la escasez de ingresos. Y ésta se explica por la elevada tasa de desempleo (14%) y porque los incrementos en la afiliación no están suponiendo más cotización, un fenómeno que tiene que ver con la salvaje precariedad que han instalado en España las reformas laborales.

En los últimos años ha disminuido el salario medio de los trabajadores y trabajadoras y ha aumentado el porcentaje de contratos temporales y a tiempo parcial Ello ha dado lugar a la figura del trabajador pobre mientras, por otro lado, se duplicaba el número de personas incorporadas a la categoría de ricas.

Es obvio, por tanto, que garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones requiere actuar en el contexto amplio de nuestro mercado laboral, empezando por entablar un duro combate contra la precariedad. Por eso es imprescindible la derogación de las reformas laborales, para que el empleo que se cree sea de calidad y con salarios dignos.

Desde UGT, reclamamos que el SMI se sitúe en 1000€ para el próximo 2020 y que al final de la legislatura alcance el 60€ del salario medio del país (1.200€) como establece la recomendación de la Carta Social Europea. También reivindicamos como aparece recogido en el 4º ANC que todos los convenios tengan un salario mínimo de 1.000€ en 2020.

También, por supuesto, hay que recuperar el consenso en el marco del Pacto de Toledo para poner en marcha las alternativas que existen. La Unión General de Trabajadores está planteando que se establezcan nuevas vías de financiación a través de los impuestos, que se ingresen en el fondo de reserva los excedentes de aquellos ejercicios anteriores que no fueron ingresados, que se imposibilite la libre disposición por el gobierno de cantidades procedentes de la conocida como “hucha”, que los incentivos a la contratación salgan de los presupuestos y no de las pensiones y que el Estado asuma los gastos de administración de la Seguridad Social.

Es también fundamental la eliminación de los topes, de tal manera que cada persona cotice proporcionalmente a su salario. Solo con estas últimas tres medidas se hubieran ingresado en la Seguridad Social cerca de 15.500 millones anuales más, lo que hubiera evitado la crítica situación actual.

Al final, todo se reduce a una decisión política que responda a la siguiente pregunta: ¿en que queremos invertir la riqueza que se genera en este país, en rescatar autopistas o en pensiones?

El problema es muy grave y nos afecta a todos -no sólo a los pensionistas actuales, sino a quienes estamos hoy en activo, también a nuestros hijos y a nuestros nietos-. Lo positivo es que existen soluciones como las que se acaban de apuntar y que aún estamos a tiempo. Por eso conviene que todos y todas nos impliquemos para exigir que se pongan en marcha, sobre todo los trabajadores y trabajadoras, porque lo que no luchemos nosotros, nadie nos lo va a venir a ofrecer voluntariamente.